En los últimos días a los chilenos nos ha tocados presenciar una acalorada discusión relativa al carácter político partidista de quienes administran justicia. Sin entrar a tematizar el conflicto, ni tampoco a justificar u apoyar unas u otras posiciones, tenemos que, tanto en discusiones y exposiciones de carácter académico, así como en conversaciones privadas e informales, es posible observar que en uno y otro bando se repite una idea con bastante fuerza, a saber, que sea cual sea la decisión que se tome en casos controversiales, ésta responde a cuestiones de carácter político y no a razones estrictamente jurídicas. Si bien a primera instancia el sentido y alcance de esta afirmación parece bastante obvia, una lectura atenta de la misma hace necesaria una reflexión un poco más profunda. Por una parte, necesario resulta esclarecer que significa que una decisión jurídica responda a criterios políticos y no jurídicos; por otra, atingente parece revisar si es reprochable lo político en sede jurídica.
Que en una decisión jurídica se inmiscuyan asuntos de carácter político significa, por lo menos en el sentido peyorativo que se usa comúnmente, que quién está encargado de administrar justicia (en este caso un juez) sobrepone su ideología política y su escala de valores al texto escrito de la ley. En otras palabras, la decisión sería “política” cuando lo determinante a la hora de resolver un conflicto de relevancia jurídica son las opiniones y los prejuicios del juez y no lo que establece el ordenamiento jurídico.
Dicho lo anterior, cabe preguntarse: ¿es posible una decisión jurídica libre de opiniones o prejuicios? Puesto de otra manera, ¿puede un juez (o cualquier persona realmente) poner en pausa sus propios prejuicios a la hora de emitir un juicio? La respuesta claramente es negativa. Ninguna persona tiene la posibilidad de ubicarse en algo así como una burbuja hermética donde su mirada no se vea “contaminada” por su propia subjetividad. Lo que creemos, pensamos, así como los valores que compartimos, son características que constituyen parte de nosotros mismos, por lo que no podemos desdoblarnos y deshacernos de ellos a nuestro arbitrio.
Por lo tanto, absurdo es pedirle a un juez que resuelva un caso utilizando un conocimiento abstracto y que logre una objetividad prácticamente matemática. En efecto, si bien parece innegable que en el ámbito jurídico hay un aspecto en principio inmutable que el juez no puede desatender ni violentar (el texto escrito de la ley), la determinación del sentido y alcance de la misma no se hace en el vacío, sino que basándonos en la realidad que tenemos en frente (de la cual somos inevitablemente parte). En otras palabras, no podemos tratar a la decisión jurídica como un elemento de estudio propio de la física teórica, ya que el “roce” es algo inevitable en el derecho.
A través del derecho no sólo se decide de quien es la vaca, por ponerlo de alguna manera, sino que se configura lo que somos y hacia dónde vamos como sociedad. En ese sentido, lo correcto sería afirmar que inevitablemente toda decisión jurídica es política, pero no en un sentido peyorativo, sino en un sentido más fuerte, ya que con ella los jueces le dan “forma a la sociedad sobre la que deciden mediante el acto mismo de decisión”, como bien lo explica el filósofo estadounidense William Rasch. En otras palabras, por medio de la aplicación del derecho siempre se toman decisiones de carácter político (aun cuando en ciertos casos parece más obvio). Por lo tanto, nuestra preocupación debe centrarse no en la politicidad de las decisiones de los jueces, ya que una decisión completamente apolítica no es factible, sino en la arbitrariedad de las mismas, conceptos que en caso alguno son sinónimos. (Santiago, 18 abril 2018)

Diego Pérez
Académico Facultad de Derecho y Gobierno U. San Sebastián