Si la noticia que circula en las redes sociales es cierta, nuevamente el Tribunal Constitucional chileno (órgano que no debiera existir por ser evidentemente contrario a la clásica partición tripartita de las funciones del Estado), opta por re escribir una ley ya discutida por quienes ejercen la función legislativa en este país: el Congreso Nacional y el Gobierno. El primero, por legítima consagración; el segundo, por su carácter de co-legislador. La cuestión preocupa por dos razones. Una, relativa al poder desmesurado de este órgano, y otra, porque se evidencia algo que se encuentra ínsito en el actuar de las instituciones “republicanas”, cual es la idea de cambiarlo todo pero sin cambiar nada. Si Giuseppe Di Lampedusa viviere en esta época, así como Maquiavelo, se mostraría conforme y sonriente, ya que el in-put/ ot-put de Leontieff se cumple tan sólo en la forma, ya que los proyectos de ley que ingresan y salen del Congreso, sea por iniciativa propia o del ejecutivo, pasan ex ante (inquisitivamente) y ex post (a petición de parte), por una revisión de suyo ilegítima. Muchos dirán que si el órgano constitucional se encuentra amparado por la propia Constitución y por su ley orgánica, tiene una legitimidad a prueba de balas, la verdad es que yerran, pues el que exista allí no es el resultado de una elección sino de una imposición, de huelga que se trata por lejos de una legitimidad transpuesta, más que dispuesta.
Pero quizás este no es el peor escenario gatopardiano imaginable, sino la pobreza argumental de la Cámara de Comercio que ha venido a desfigurar un proyecto de ley cuyo propósito mayor al del comercio, por cierto, que es cuidar del consumidor, está a punto de cambiar. El SERNAC debía verse fortalecido por la ley y no disminuido, debido a los resquicios argumentativos de la Cámara que son una expresión más del poder del mercado sobre las instituciones públicas. En este estadio de cosas, parece que vale más la opinión (pues no se trata de una verdad apodíctica), de un ente de comercio, que los más de 15 millones de consumidores que tiene este país. Vale más el pueril y fútil argumento del bien de unos pocos, a costa del bien de muchos. El que tiene dinero y poder, puede convencer. El que no, lamentablemente se desvanece en el concierto ingenuo de un futuro mejor.
La promesa de mejorar las facultades de los servicios pasa sin duda por la ineludible aquiescencia de los órganos llamado a discutir los problemas, pero ex ante, no ex post. ¿De qué sirve un órgano sin facultades sancionatorias? ¿Desde cuándo el actuar de las empresas, en especial del retail ha sido inmaculado? Las leyes norteamericanas son duras al respecto: ¡al consumidor se lo ama; no se lo maltrata! Porque es de la esencia del capitalismo mantener a sus consumidores hipnotizados por las ofertas y fiestas paganas inventadas y modificadas por el marketing insano de nuestros tiempos. El consumo hace expandirse la curva de demanda agregada y es considerado un factor importante de crecimiento económico, al igual que el ahorro. Sin embargo, se ha preferido empequeñecer aún más al nobel de los esforzados.
Cercano a las personas comunes y silvestres, ha demostrado con creces que se la puede frente a los poderosos, pero se le ha quitado aquella hormona del crecimiento. Su encanto. Su talento natural y espontáneo de protección de los más débiles. Con facultades sólo de fiscalización, los consumidores quedan enfrentados sólo a la posibilidad de judicializar todo. Lo mismo que ocurre con las Cortes que arremeten una y otra vez en contra de las Isapres, esta vez los consumidores deberán plantear sus conflictos  muchas veces de poca monta en términos de precio, ante un tribunal, uno que además no se encuentra a la altura de un Derecho nuevo y vivaz: el de los consumidores. No son buenos tiempos ni lo serán después de esta decisión del Constitucional. El gatopardo ha ganado una vez más; los consumidores han perdido, y también una vez más. (Santiago,16 febrero 2018)