Hace unas semanas, en el marco de una ajustada agenda, se inició la visita a Chile, de una delegación del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas(ONU), cuyo objetivo es llevar a cabo una investigación confidencial, sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes, que se encuentran bajo custodia del Estado, en los Centros del Servicio Nacional de Menores (Sename) y entregar las recomendaciones al Estado de Chile.   En 1990 nuestro país firmó la  Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la que debe ser cumplida con imperio de la ley. El Estado tiene por lo tanto la obligación de promover, respetar y hacer respetar esos derechos humanos en todas sus acciones. Por cierto, en la labor de protección de un organismo del Estado como el Sename.
Los chilenos hemos conocido desde hace varios años la realidad del Sename, la terrible muerte de la niña Lissette Villa nos remeció, las diversas denuncias de maltrato han generado un amplio debate, se han provocado cambios de gabinete, han llegado miles de documentos, denuncias, informes y comisiones en el Congreso, nos han descrito lo que sucede.
El propio representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH Amerito Incalcaterra, en el 2016 señaló que,” en Chile, en el Servicio nacional de menores se violaban los derechos humanos”.
Las cifras avalaron sus palabras, considerando los más de 1300 niños que han muertos en estos últimos once años, tanto en el sistema de protección residencial como los fallecimientos de adolescentes, sujetos a la justicia juvenil, a lo que hay que sumar   las redes de explotación sexual a los que han sido sometido los menores del Sename.   
Por esto y más las Naciones Unidas abrió un procedimiento de investigación previsto en el artículo 13 del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos del Niño que establece que, si se recibe información fidedigna de que un Estado puede estar violando los derechos de los menores, el comité   realizará un informe de carácter de urgente, en la que se incluirán las recomendaciones. Por eso el comité estuvo ahora en Chile.     
¿Cabe tener esperanzas que ahora sí, se llevarán a cabo  las iniciativas que demanda una institución absolutamente colapsada?
Espero, al margen del resultado del informe de Naciones Unidas, que la sola visita del comité, sea un llamado de atención a la nación y a los actores políticos sobre la incapacidad para cumplir nuestras obligaciones y resguardar los derechos fundamentales de los más vulnerables.
Es hora de producir un cambio definitivo y asumir un compromiso como país, en marzo tendremos un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso, este debería ser el primer gran acuerdo transversal, de todos los sectores, considerando que los niños, niñas y adolescentes no pueden esperar y el Estado chileno está siendo convocado moralmente a cumplir su obligación.  (Santiago, 12 febrero 2018)

Rafael Rosell Aiquel, Decano Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Universidad San Sebastián