El sistema electoral que rige para las elecciones parlamentarias es uno de los aspectos más problemáticos de la democracia chilena, porque genera fuertes distorsiones en la representación política al momento de traducir los votos ciudadanos en escaños. Éste explica, entre otras causas, el fuerte desprestigio del Congreso Nacional y de los partidos políticos que lo conforman.

El reemplazo de este sistema por uno de carácter proporcional es más bien tardío, quedando rezagado respecto a las reformas constitucionales democratizadoras llevadas a cabo el año 2005, vale decir, ¡hace 9 años atrás!, que permitieron, entre otros aspectos, la supresión de la casi totalidad de los enclaves autoritarios existentes en nuestra Carta Fundamental.  

Por tal razón, no es de extrañar que algunos sectores de la sociedad centren sus críticas en los fuertes costos económicos que traerá el aumento del número de parlamentarios, dejando de lado las ventajas que su establecimiento generará en la legitimidad de nuestro parlamento.

Es importante recordar que la consagración de este nuevo mecanismo electoral nos pone al día respecto de los demás órganos colegiados de elección popular previstos por la Constitución –consejeros regionales y concejales municipales– articulados en torno al sistema proporcional. Por lo demás, se retoma los lineamos democratizantes desarrollados por la Constitución de 1925, la cual, además de suprimir los requisitos de renta para desempeñar los cargos de senador y diputados, consagraba constitucionalmente el sistema electoral proporcional para las elecciones parlamentarias.

Con todo, pese a lo indispensable de esta reforma para la calidad de nuestra democracia, ésta no debe realizarse a espaldas de la ciudadanía. El desprestigio de nuestras instituciones representativas sigue siendo alto, tal como lo reflejan las cifras de percepción ciudadana, como la escasa participación de los jóvenes en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias, pese a la existencia de la inscripción automática  y voto voluntario.

En este sentido, resulta indispensable añadir mayores niveles de transparencia al gasto de los parlamentarios, como también al financiamiento de la política, de forma tal que los nuevos recursos que se asignarán sean utilizados para el propósito por el cual están establecidos: representar adecuadamente los intereses de todos los chilenos (Santiago, 4 septiembre 2014)

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