No hay duda que en épocas de elecciones la tensa relación entre seguridad y libertad crece. Los actores políticos, aprovechando el fértil terreno electoral relacionado con la inseguridad social, hacen gala de una “mano más dura”. Independientemente de las ideologías, acuden a solucionar las diversas problemáticas sociales por medios punitivos, promoviendo así, más que el control, el disciplinamiento social que tanto requiere un sistema económico de libre mercado.  

Cómplice de este fenómeno, los medios de comunicación van marcando la pauta en materias delincuenciales. La teoría bautizada varios años atrás, como agenda Stting, toma fuerza entre los medios. Se ha logrado provocar la desatención del público sobre reales cuestiones sociales como la educación, salud y distribución económica, por temáticas totalmente ajenas a la realidad, o al menos desvirtuadas.

En este contexto, los poderes políticos y facticos, han asentado una sensación social de impunidad delictual alentada por un sistema de justicia penal “garante del imputado” y “despreocupado de la víctima”. Ahora, el mal de todos los males, es la delincuencia y los jueces que no entregan justicia, y el salvavidas, la cárcel.

Asistimos entonces a un síndrome político-factico que la literatura ha denominado populismo penal o populismo punitivo, acepción atribuida a un proceso de elaboración sobre peligrosidad social imaginaria, tendiente a ocultar problemáticas socio-económicas reales, que usa al Derecho Penal como reacción-remedio inmediata. Aquella es una política totalmente ajena al rol gubernamental de los Estados Constitucionales Democráticos, de solución rápida y simbólica[1].

Pareciendo haber perdido el espíritu garantista post-dictadura, en donde intentamos optimizar una serie de principios fundamentales, la sociedad chilena, liderada por este populismo punitivo, ha comenzado a solidarizar con la idea de terminar bajo cualquier costo con la violencia generada por los inadaptados del siglo XXI. Ejemplo sintomático de esta involución, son los proyectos que el actual gobierno ha dado urgencia a su discusión, me refiero a la “Ley Hinzpeter”, “Ley Emilia” y “La reforma a la reforma”. Urgencias que marcan la pauta de los intereses que tienen el ejecutivo en los últimos días de su gobierno, que sin lugar a dudas se condicen con la exigencia popular.

De forma ignorante, eso espero creer, los actores políticos han omitido conclusiones socio-filosóficas respecto a la incapacidad de soluciones del derecho penal. El castigo, según Gerland[2], parece no tener futuro, o por lo menos la perspectiva de un futuro diferente a lo que actualmente existe.

No nos confundamos, la delincuencia es un fenómeno social de ayer y hoy que no puede contrarrestarse con castigos penales, sino que desde herramientas acordes a la naturaleza del problema, es decir, sociales. La delincuencia no es más que el resultado de una serie de factores sobre desigualdades socio-económicas, que deben ser prevenidos a través de políticas públicas extrajudiciales. Es totalmente incoherente etiquetar al delincuente como un pervertidor -no persona- de un contrato social del que jamás fue parte, y acto seguido, atribuirle consecuencias inmediatas que privan su libertad y desarrollo.

Ergo, continuar en este camino punitivista no tiene sentido, la historia y la ciencia nos han demostrado que el aparato penal no sirve, pero también es cierto que mientras no exista una herramienta alternativa de mayor eficiencia, el derecho penal, seguirá siendo el castigo limitador de venganza más idóneo, pero quizás no el más legítimo, para ello, será necesario minimizar las afectaciones de los derechos fundamentales de las personas. Ésta, creo, es la única manera en que de mejor forma se equilibran la dualidad soberana, persecución penal versus protección de garantías, con un alto grado de orden y paz (Santiago, 8 noviembre 2013).

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[1] Ver TRONCOSO, Max. “El populismo punitivo como fundamento de la actual política criminal chilena”. Centro de Estudios Ius Novum, 2013. Disponible en: http://www.iusnovum.com/wordpress/el-populismo-punitivo-como-fundamento-de-la-actual-politica-criminal-chilena/

[2] GARLAND, David. “Castigo y sociedad moderna”. Siglo Veintiuno Editores, Madrid, 1990.