Después de haber normalizado como sociedad la vulneración de nuestros niños/as, ahora observamos pasivamente cómo una niña de 15 años, bajo custodia del Sename, murió en 2015 por una insuficiencia cardíaca, después de que se le negara ingreso a lista de espera de trasplante al corazón, a causa de que el Comité de Ética de la Red Salud UC Christus, consideró que no era apta para entrar a esta lista de beneficiarios  argumentando una "precariedad familiar, social y personal", lo que justificó en un informe en el que se detallan las razones para excluirla de la lista de espera.
El caso, que se dio a conocer por Chilevisión, corresponde a la niña Daniela  Vargas, quien fue enviada a un Centro del Sename en Castro, Chiloé, víctima de abusos sexuales, lo que no fue suficiente para su corta vida sino que además se le discrimina, al no considerarla merecedora del privilegio de una donación de un órgano que le daría derecho a la vida, derecho consagrado por la Constitución nacional a todos los ciudadanos de la República, y no solamente a una vida digna sino también a la salud. Lo que al parecer no pasa de ser un eufemismo, buenos deseos al que el Estado se compromete solo “en la medida de lo posible”, a pesar de que hemos ratificado tratados y convenciones, como la Convención de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, que consagra como prioridad el principio del interés superior de estos.
Ahora bien, cómo responsabilizar solo a la Red de Salud por utilizar un criterio discriminador, que no le reconoce condiciones a una niña y por lo tanto el derecho a gozar de la vida igual que cualquier otro niño, por encontrarse en situación de vulnerabilidad, dado que si bien el documento emitido señala como argumentos que el éxito de un trasplante no recae solo en la operación sino que también en "un cuidado y seguimiento post operatorio adecuados, en el cual la adhesión al tratamiento y los controles médicos son vitales", agregando que "la condición de precariedad familiar, social y personal de esta paciente hacen que el trasplante cardíaco no esté indicado", sino también existe responsabilidad del Estado, que reclama para sí la tutela de esta niña para después abandonarla, al no ponerla en condiciones de contar con un adulto que se haga responsable de su cuidado post operatorio.
Frente a estos hechos, de los que nos enteramos como sociedad, por una investigación de un canal de televisión, de los que no se tuvo conocimiento por que el Estado los hiciera públicos, no cabe más que preguntarnos: ¿cuántos casos más como estos existen bajo las redes de cuidado estatal?, ¿hasta qué punto continuamos vulneramos los derechos de estos niños/as, que viven bajo la tutela del Estado?  (Santiago, 20 noviembre 2017)