No cabe duda de que las mujeres desempeñan un rol más relevante que los hombres en el desarrollo de la humanidad.
Los  hombres no concebimos a nuestros hijos: sólo aportamos la semilla. No soportamos la dura carga de los nueve meses de su gestación que sobrellevan sólo las mujeres.
No cumplimos la tarea de amamantar a nuestros hijos, delicada misión que sólo abordan sus madres.
Y la educación inicial de los hijos,  tarea esencial de ambos padres, también la asumen de preferencia las mujeres.
Por tan meritorios motivos las mujeres merecen, absolutamente, iguales derechos que los hombres en toda nación, lugar y circunstancia.
Y, por las mismas razones, entre los derechos políticos, las mujeres merecen la igualdad del sufragio, igual derecho a postular a cualquier cargo de elección  popular y a desempeñarlo con iguales prerrogativas que los hombres.
Traslademos estas ideas abstractas al  ámbito de la Democracia.
En la Grecia clásica –cuna de la Democracia y  de su sentido etimológico–  Aristóteles distinguía entre los políticos o partícipes de los asuntos de la polis, y los idióticos a personas desinteresadas de tales asuntos.
Si trasladamos esta distinción a nuestra época podemos advertir que no son políticos todos los que componen el Cuerpo Electoral sino sólo aquéllos que ejercen su derecho a sufragio.  Y que los idióticos  no son sólo aquéllos que carecen del derecho a voto sino también los que, perteneciendo a dicho cuerpo,  se abstienen de ejercer este derecho.
Como se sabe, es de la esencia de la democracia la fuerza vinculante que se atribuye a la decisión de la mayoría.
Y, si todos somos iguales  –políticamente hablando– no puede torcerse ni violentarse la decisión de la mayoría añadiéndole elementos desestabilizadores como el “voto preferencial”, la agregación de “escaños convencionales” a las legítimas candidaturas o la falsa y perniciosa idea de la “igualdad de género”.
Estas figuras  artificiales no sólo atentan contra la esencia de la democracia sino también infringen el Art. 4° de la Constitución –situado entre las Bases de la Institucionalidad– que prescribe que “Chile es una república democrática”.
Creo yo que estas  ideas  básicas sobre la esencia de la democracia no sólo deben estar en la mente de todo demócrata sino, principalmente,  en la conducta de los encargados de dictar las leyes en una república democrática. Contraría absolutamente esta convicción la costumbre de nuestros parlamentarios de distorsionar la legislación electoral introduciendo conceptos tan engañosos y antidemocráticos como los ya señalados:  el voto preferencial,  los  escaños convencionales y la igualdad de género. (Santiago, 6 mayo 2020)