El actual gobernante de Bolivia, y un candidato a la presidencia en Perú, han retomado exigencias inaceptables para Chile, como si nada hubiere ocurrido los últimos años.
El Presidente Luis Arce en el Día del Mar, como es habitual para casi todo mandatario del país, reclamó contra Chile. Recordó en particular: las antiguas resoluciones no vinculantes de la OEA, que declaraban de “interés hemisférico” el tema boliviano; que sufren un “enclaustramiento forzado”; que “Bolivia tenía costa”; y el tema marítimo sigue siendo una cuestión “abierta y pendiente”. Reiteró buena parte de los argumentos de Bolivia en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia el 2014, para obligarnos a “negociar un acceso soberano al Océano Pacífico”. Nada dijo que cada uno de esos planteamientos, fueron desestimados categóricamente en la Sentencia de 2018, por 12 Jueces a favor, contra 3. Citó al entonces Presidente del Tribunal, que incluyó una declaración personal, aunque votó a favor, expresando “la posibilidad de explorar las partes, otras vías para resolver controversias”. Nada irregular si soberanamente lo acordáramos  como “otra vía”, sin caer en desacato ni incidir en el fallo, que es definitivo, inapelable, obligatorio, y que dispuso: “Chile no está jurídicamente obligado de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico”. Por tanto, este método jurídico de solución de dicha controversia, le ha puesto fin. Ya no puede ser replanteado, aunque se intente ignorarlo.
Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, oportunamente respondió: “La insistencia boliviana en el acceso soberano al mar fue definitivamente resuelta por la Corte el 2018, y reiteramos la plena vigencia del Tratado de 1904”. El Tribunal confirmó la validez del Tratado, y lo aplicó. Cualquier apertura a revisarlo, sería contraria a nuestro propio triunfo legal; y considerar reabrir el tema, invalidaría lo que la Corte decidió. Impensable por parte de Chile. Sólo estamos disponibles para dialogar otros asuntos de interés mutuo, sin condiciones, y propios de nuestra vecindad.
El candidato Yonhy Lescano, (el único hasta ahora), bien posicionado en las elecciones presidenciales peruanas el 11 de abril, y que podría competir en la segunda vuelta, aseguró que cumpliría “uno de los grandes deseos del Perú”, como “buena voluntad”: que “el Monitor Huáscar regrese al Perú”. Asimismo, recordó el tema del “triángulo terrestre”. Ambos asuntos, contrarrestan esa voluntad, al no ser materias bilaterales pendientes para Chile. El Monitor lleva en poder de Chile, 134 años. Es un santuario naval flotante, de los únicos en el mundo, que honra a chilenos y peruanos fallecidos a bordo en combate. Ninguna posibilidad de devolverlo, y la propuesta de hundirlo, por algunos, una aberración.
El “triángulo terrestre”, sería una minúscula porción de tierra que se formaría, luego que la Corte de la Haya el 2014 sentenciara, desechando la argumentación peruana de un límite marítimo iniciado más al sur (Concordia), donde comenzaría la frontera terrestre chileno-peruana. El Tribunal  determinó que el nuevo límite marítimo con Perú, se extiende a lo largo del paralelo geográfico (por 80 millas náuticas), y parte desde el Hito 1, ubicado a 324 metros de la costa y acordado con Perú desde 1930. Del Hito 1, por 264 metros curvos, y por 260 metros costeros hasta el Concordia, se formaría el hipotético “triángulo terrestre”, que carece de litoral luego del fallo. Pretendido territorio no abordado por la Corte, y sigue siendo chileno.
Las iniciativas vecinales mencionadas, se han formulado nuevamente, sabiendo o debiendo saber, que provocan a Chile y no serán aceptadas. Sin embargo, ahí están. Resulta necesario analizar, porqué estos altos representantes, insisten en referirse a asuntos vecinales ya resueltos. A pesar de no tener ninguna posibilidad de replantearse como controversias a Chile, y someterlas a nuevos procedimientos de solución pacífica.
Posiblemente, las reclamaciones antedichas, representan intereses políticos o electorales, de fácil aceptación transitoria; como igualmente, podrían obedecen a causas más profundas, presentes desde hace largo tiempo, pero no apropiadas de explicitar, aunque las inspiren. Si son políticas, conllevan riesgos para sus proponentes, al no ser aceptadas por Chile, fracasar, y terminar siendo una equivocación, que la ciudadanía condenará por prometer falsas expectativas. Entonces, sólo quedan las otras motivaciones, que seguirían presente, para replantearlas cada cierto tiempo.
Luego del Pacto de Tregua (1884), más de 20 años después, se acordó el Tratado de Límites con Bolivia (1904), seguido por numerosas negociaciones y propuestas para atender su mediterraneidad, todas sin resultado. Culminaron con su demanda ante la Corte. Cada uno de los antecedentes legales, históricos, diplomáticos, resoluciones de organismos, e iniciativas chilenas, fueron cuidadosamente argumentadas por Bolivia en el pleito, como constitutivas de nuestra obligación. Todas, en conjunto o individuales, fueron rechazadas en el fallo. Pocas sentencias de la Corte han sido tan categóricas. La persistencia en estas reclamaciones, parece pretender finalmente, la devolución por Chile de los territorios perdidos en el Guerra, como si no hubiera existido y sin compensación alguna. Así como toda disposición a dialogar, interpretada como una debilidad. Estarían totalmente erradas.
El Pacto de Tregua con Perú (1883), fue seguido 43 años después, e intensas negociaciones, por el Tratado de 1929 y su Protocolo Complementario. Muy variados acuerdos permitieron su materialización práctica, terrestre y marítima. Sin embargo, el Perú ha encontrado otra vía, revisando cualquier acuerdo con Chile que, por cualquier imprecisión, pudiere dar lugar a alguna interpretación diferente, y servir de base a una controversia donde intente recuperar porciones de tierra o mar. Así, construyó su demanda por la delimitación marítima, y obtuvo importantes zonas de mar, pese a los acuerdos pactados. Nuevamente se intenta en el pretendido “triángulo”.
Si éstas fueren las verdaderas razones de fondo, sería muy difícil cumplir el principio jurídico, universalmente aceptado, que establece la permanencia y estabilidad en las fronteras.
No basta con insistir, hay que tener la razón. (Santiago, 3 abril 2021)