La experiencia histórica enseña que la estabilidad y desarrollo de la democracia supone necesariamente la activa participación ciudadana.
El origen de la burocracia partidista, el caudillismo y el autoritarismo tienen principalmente su origen en la falta de compromiso ciudadano con la participación política.
En nuestro país existe en la actualidad una manifiesta apatía para participar en los problemas de la “polis” particularmente en la juventud y ello queda de manifiesto en el desinterés por inscribirse en los registros electorales, como asimismo, en las encuestas de opinión pública.
En esta contingencia, Ejecutivo y Legislativo parecen haber detectado este negativo fenómeno y, consecuente con ello, han aprobado algunas reformas y propiciado otras iniciativas complementarias.
Entre las reformas constitucionales ya aprobadas y que esperan para entrar en vigencia las leyes orgánicas constitucionales complementarias  respectivas, merecen, sin duda, el mayor apoyo la que establece la inscripción electoral automática y las elecciones primarias obligatorias en la designación de los candidatos que presentan los partidos políticos.
En cuanto a la implantación del voto voluntario, consideramos que, más allá de las controversias doctrinarias, la decisión del constituyente derivado representa una verdadera apuesta ya que la experiencia  en el derecho comparado exhibe resultados  del todo inciertos.
Al margen de las reformas ya aprobadas, en los últimos meses se han presentado en el Congreso Nacional numerosas iniciativas que propenden a incentivar la participación de la colectividad  ya sea en la política global, regional  o municipal.
En tal sentido, cabe reseñar las siguientes iniciativas parlamentarias: 1) para facilitar el acceso del público a las sesiones de las comisiones especiales (véase nota); 2) la socialización de los proyectos de ley que propende a difundir a la ciudadanía el contenido de los mismos (véase nota);  3) la que propone establecer la obligación de impartir una hora semanal de Educación Cívica en los planes y programas de la Educación Media (véase nota); 4) aquella que propone consagrar a nivel constitucional la “iniciativa ciudadana de ley” (véase nota); ()  5) el proyecto de ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, recientemente declarado constitucional por el Tribunal Constitucional (véase nota); y, solo por citar la última, entre otras, la que propone rebajar a 16 y 18 años la edad para ser electo concejal y alcalde, respectivamente (véase nota).  
Ahora bien, sin desconocer el mérito de las propuestas señaladas, consideramos que para impulsar una efectiva participación democrática ellas deben refundirse en un proyecto de reforma constitucional único que, siguiendo el ejemplo de numerosas democracias europeas y americanas, incorporen a nuestro ordenamiento jurídico superior instituciones como  el referéndum, la iniciativa popular, el mandato revocatorio y otras similares que se han  aplicado con buen éxito.
En todo caso, como ya se ha señalado, es importante que en los cuerpos gubernamentales y legislativos exista conciencia que sin participación ciudadana efectiva la democracia como forma de gobierno y forma de vida sólo tiene un carácter nominal o acaso meramente semántico.