La Presidenta de la República ha propuesto aumentar el número de diputados y senadores para mejorar la proporcionalidad del sistema electoral, y con ello la representatividad del Congreso Nacional y la participación de la ciudadanía, lo que resulta coherente con el acuerdo entre parlamentarios de la actual coalición de gobierno y Renovación Nacional acerca de la reforma del sistema binominal[1].
Ante esto, algunos dirigentes critican el aumento del número de congresistas por el mayor gasto público que implicaría. Sin embargo, más allá del asunto de los costos financieros, que puede abordarse mediante otras medidas, lo cierto es que la negativa a cambiar el sistema binominal revela la pobre concepción de la democracia que manejan quienes argumentan de esta manera.
Lo anterior por cuanto cabe preguntarse cuánto le cuesta al país la desilusión con la democracia, la falta de participación ciudadana y de representatividad del sistema político, una de cuyas principales causas es el sistema binominal. De hecho, menos de un 20% de la ciudadanía confía en la democracia, la representación de las mujeres es muy baja en ambas ramas del Congreso, y el sistema binominal, en conjunto con el quórum supramayoritario de las leyes orgánicas constitucionales, dificultan gravemente el gobierno de la mayoría, y con ello contribuyen al descrédito de las instituciones representativas y la falta de confianza en la democracia[2].
De esta forma, cabe preguntarse cuánto le costaría al país una crisis de legitimidad del sistema político. ¿Es necesario que se llegue a este punto como para que se adopten los cambios necesarios?
De esta forma, quienes critican estas propuestas no deberían estar tan preocupados por la cuestión de los costos financieros, sino que de argumentar en función de valores vinculados al fortalecimiento de la democracia. Por ejemplo, debiéramos deliberar acerca de la mejor manera de abrir espacios a quienes se encuentran actualmente excluidos o subrepresentados, facilitar y promover la cultura cívica y la participación política, al tiempo que se mantiene la capacidad de formar coaliciones políticas sólidas que den viabilidad al gobierno, entre otros aspectos.
A mi juicio, cabe considerar las ventajas de un sistema proporcional moderado como el propuesto, que no debiera incrementar la fragmentación partidaria que ya existe en el Congreso Nacional, dado el bajo número de escaños a repartir por distrito y el reducido tamaño tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, al tiempo que se mantienen incentivos a la formación de coaliciones políticas[3].
Por otra parte, la experiencia empírica comparada muestra que los sistemas proporcionales tienden a mejorar la representación de género, al tiempo que permiten una adecuada representación de las principales corrientes de opinión[4], tal como lo señala la iniciativa presentada hace algún tiempo por un grupo transversal de diputados por medio del Boletín N° 8343-07 (Véase relacionado). También, esta propuesta podría aumentar la participación política, en la metida en que se “pierde” un menor número de votos, ya que la mayoría de ellos se convierten efectivamente en escaños, y por cuanto se incrementa el número de opciones políticas disponibles para la ciudadanía. Finalmente, el mensaje del Ejecutivo reduce las enormes distorsiones en la representación poblacional en el país.
De esta forma, dado el déficit de representación del sistema político y el contexto de una sociedad compleja y plural, se estima que alguna variante de los sistemas proporcionales corregidos sería lo más conveniente. Primero, porque garantiza la igualdad política, ya que los votos valen lo mismo, al tiempo que en los sistemas mayoritarios los votos de la minoría quedan subrepresentados en el parlamento. Segundo, porque se tiende a la representación de todo el electorado, mientras que los sistemas mayoritarios excluyen a los partidos más pequeños. Finalmente, porque la evidencia comparada muestra que en ese tipo de sistema se obtiene una mejor representación de género, en comparación a los sistemas mayoritarios.
Sin perjuicio de lo anterior, se debe reconocer que estos puntos son discutibles en materia de sistemas electorales. La evaluación sobre las distintas alternativas dependerá de los ideales que se desee priorizar[5]. Lo que no corresponde es debatir acerca del fortalecimiento de las instituciones políticas en base a argumentos que parecen provenir de una teoría no democrática de la democracia, esto es, aquella propia de una mente no inmersa en ese estado de espíritu en que consiste la democracia[6]. (Santiago, 7 mayo 2014)
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[1] Boletines Nos 9078-07 y 9023-07.
[2] Para un mayor desarrollo de estas críticas, véase Szmulewicz, Esteban (2011). “El sistema binominal: necesidad y desafíos de su reforma”. En Diario Constitucional [http://diarioconstitucional.cl/articulos/el-sistema-binominal-necesidad-y-desafios-de-su-reforma/].
[3] Sartori, Giovanni (1994). Ingeniería constitucional comparada. México, Fondo de Cultura Económica, pp. 63-4.
[4] Norris, Pippa (1997). “Choosing Electoral Systems: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems”, en International Political Science Review. Vol. 18, N° 3, p. 304.
[5] Para una primera evaluación de las distintas alternativas, véase Szmulewicz, Esteban (2011). “El sistema binominal: necesidad y desafíos de su reforma”. En Diario Constitucional [http://diarioconstitucional.cl/articulos/el-sistema-binominal-necesidad-y-desafios-de-su-reforma/]. Para una aproximación a los valores que debieran guiar ese debate, véase Szmulewicz, Esteban (2013). “El sistema binominal”, en Cuadernillos Hemiciclo, N° 4. Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
[6] Cazor, Kamel (2003), “Algunas reflexiones en torno al actual desarrollo democrático de la sociedad chilena, a la luz de la articulación entre democracia política y democracia constitucional”, Estudios Constitucionales, Año 1, N° 1, pp. 21-2.