El año que concluye fue el año que terminó de afirmar la necesidad de una nueva Constitución Política (CPR). Desde su germinación hasta ahora, los cuestionamientos y propuestas de abrogación siempre fueron de un carácter elitario, principalmente políticas y académicas, discutiblemente ciudadanas, pero, el movimiento estudiantil, que tuvo como eje nuclear la educación pública, desnudó otro asunto: el desajuste entre el modelo institucional-constitucional y la sociedad. A mi juicio, también desabrigó la preocupante deslegitimación del poder.
Hay una grieta en lo que Weber denomina la “creencia en el fundamento del poder” (legitimidad de éste), y que en las sociedades modernas está radicado en la norma jurídica (legitimidad legal-racional). El poder se cimenta en que los destinatarios de éste “creen” en aquello que le sirve de sustento (históricamente la costumbre, el carisma o la norma jurídica), estando justificado el derecho a gobernar con base a que la norma jurídica es quien ubica en la posición de poder-estatalidad, y cómo se “cree” en ella, su poder es legítimo.
¿Qué pasa cuando no se visualiza que los destinatarios de la norma parecen no creer en ella?, ¿qué pasa cuando esa norma es la CPR?.
Este es el punto problemático en nuestro sistema jurídico. La CPR nace con vicios de origen; se legitima relativa y progresivamente por medio del poder constituyente derivado, pero, frente a determinados conflictos societales (como el educacional), se revela un punto basal: las personas no creen en la norma que sostiene el ejercicio del poder. Hay un desajuste entre la estructura institucional y la comunidad política. Observamos que cada reforma institucional sustancial (reformas al sistema educacional, sistema de salud, plebiscitos vinculantes, etc…), tiene el mismo dique jurídico: la CPR, conllevando, a mi juicio, que quien gobierna tiene y ejerce, cada vez más, un poder difícilmente justificado (débil).
Detrás hay una explicación compleja. La CPR ha sobrevivido sólo en el consenso, no en la oposición a ella. En el consenso para aceptar su creación; para aceptar su aplicación, para aceptar que pueda ser reformada, en aceptar que la aceptamos, pero, la CPR no tiene salida frente al disenso. Esto, porque el desacuerdo es con ella, no dentro de ella. Una CPR debe ser capaz de cobijar el consenso y disenso, y sólo es posible si concurrimos al mismo acuerdo social básico (acuerdo en el nivel constitucional). Bajo él, las múltiples visiones y la deliberación pública tienen cabida, pues se desenvuelven en un marco político común.
Nuestro problema radica en que la discusión aun se da en el nivel constitucional, y hay discusiones sobre lo constitucional que no se han dado. El modelo de democracia, el modelo de derechos fundamentales, el sistema de partidos políticos, sobre qué sistema de gobierno queremos, particularmente, cuál será el rol del Congreso; si seremos un Estado que reconoce o no a los pueblos originarios; si nuestro Estado unitario dará o no paso a distintas formas de desarrollo político, social y económico, que reconozca las identidades locales, etc.; son aun asuntos libres de mácula.
En breve, sólo es posible re-legitimar el poder si aceptamos la necesidad de fortalecer la creencia en la norma jurídica constitucional, y esto sólo será posible si permitimos la ampliación del consenso constitucional, cuestión que únicamente se logrará si se incorpora a la sociedad en los acuerdos sociales básicos, esto es, un nueva Constitución de abajo hacia arriba.  El resto es seguir creyendo que todo sigue igual, que somos los mismos de siempre, pero hoy es más difícil, sobre todo cuando aquellos que marcharon, hoy forman parte del padrón electoral. 

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