Una de las falacias del presidencialismo es que conduce a Gobiernos fuertes y efectivos. Lo cierto es que en general terminan generando parálisis e inmovilismo. Salvo el sistema norteamericano y el de Costa Rica, no hay democracias presidenciales que no hayan terminado alguna vez en rupturas institucionales. Sólo funciona en un supuesto: sistemas bipartidarios naturales o forzados por sistemas electorales que fijan una agenda de "falso" consenso en que sólo se avanza en lo que hay unanimidad o mayorías permanentes. Pero ese hecho -que vivió Chile en la primera época de la transición-  es desbordado por la inercia del sistema y la alineación incorrecta de los incentivos electorales: rápidamente las mayorías se transforman precarizan en el Congreso. La existencia de dos grandes mayorías con privilegios y un ejecutivo que no "comparte" el poder sino que lo negocia atomizado, lleva al fraccionamiento y a un sistema de partidos sin ideología, débiles e indisciplinados y con parlamentarios clientelistas. Y forja un nuevo tipo de Presidentes de la República: encerrados en su trono, gobernando por decreto y tratando de dar señales para la posteridad, pero ineficaces para hacer buenas reformas. Parlamentarios débiles y un ejecutivo poderoso, pero aislado produce un círculo vicioso: los incentivos para los parlamentarios de Gobierno se concentran en repartirse el poder del ejecutivo y los de oposición de  hacer fracasar el Gobierno y esperar la próxima elección para intentar ganar la presidencia. Los Gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet ya han dado cuenta de ese agotamiento. Sus mayorías electorales, nunca redundaron en mayorías políticas. Y vivieron el trauma del discolaje y coaliciones frágiles que inmovilizaron su gestión. Y nos heredaron un parlamento de peor calidad que el anterior. Quién gane la próxima elección se transformará rápidamente en un Gobierno de minoría bajo la ilusión de una falsa mayoría. El Presidente deberá lidiar con un Congreso de caudillos que piden cargos en el Ejecutivo y financiamiento para sus regiones. Y el nuevo proporcional dará sustancia a la naturaleza multipartidartidista de Chile: terminaremos con más de 10 partidos con parlamentarios en el Congreso.
La promesa de un poder Ejecutivo fuerte y eficaz del presidencialismo terminará siendo una ilusión: Gobiernos de mayorías transitorias en las urnas, pero frágiles e ineficaces para gobernar. ¿Qué hacer? asumir que tenemos un sistema multipartidario y que se debe equilibrar las fuerzas entre los poderes ejecutivo/legislativo. Esto requiere cambios institucionales urgentes: partir por terminar con la preeminencia del Ejecutivo en materia legislativa (veto, iniciativa y manejo de urgencias como colegislador) y tener un congreso bicameral con cámaras con distintos roles y sistemas de elección. Modernizar el Estado y reducir los cargos de designación del Presidente. Y desligar el ciclo de Gobierno con el periodo legislativo, estableciendo fechas de elecciones que obliguen a que las elecciones parlamentarias y presidenciales tengan ciclos políticos propios. Esto implica algunos cambios sustantivos en la constitución: cambio del periodo presidencial de 4 a 6 años, elecciones de parlamentarios traslapadas con periodos parlamentarios de 3 y 6 años según sean diputados y senadores, entregar la preeminencia legislativa al Congreso, dividir las funciones de la cámara revisora y de origen, y establecer mecanismos de elección distintos (uno poblacional para diputados y uno regional para senadores) que diferencien las funciones entre ambas cámaras. Esto en si mismo es de una envergadura gigantesca que parece una prioridad. Más que nueva Constitución, necesitamos una mejor Constitución. Y en la nuestra parece razonable empezar a equilibrar y ajustar más allá de lo electoral, los Capítulos IV y V de nuestra Carta Política. Ahí hay un camino razonable para empezar a navegar. (Santiago, 20 septiembre 2017)