La tragedia vivida por la familia Luchsinger Mackay ha puesto nuevamente en discusión pública las relaciones entre el Estado chileno y sus pueblos indígenas. En esta parte del mundo no resulta fácil observar temas así. Y cuando todo constantemente está dependiendo de una desgracia en especial o de un conflicto silenciado que estalla de pronto, la escena se enrarece y un sopor indomable comienza a tomarse un ambiente que termina siempre marcando los mismos pasos para este país: una historia mal contada que cobra la vida de inocentes y el infaltable oportunismo de mirar la realidad con el cristal que más conviene.
Con todo, hablar una vez más de reconocimiento –o para ser estrictos: de constitucionalización indígena– y particularmente de perdón, parece apuntar en la dirección correcta.
El perdón histórico del Estado por los atropellos inferidos a pueblos indígenas es una de las alternativas que en el derecho comparado se ha utilizado para iniciar un diálogo o interceder en un debate constitucional. Durante febrero del año 2008 el ex Primer Ministro de Australia, Kevin Rudd[1], mediante un discurso transmitido a todo el país, y que virtualmente lo paralizó, el Estado Australiano pidió perdón a sus aborígenes por las vejaciones inferidas, en especial a todos aquellos que formaron parte de la denominada “generación robada” que, entre los años 1910 y 1970, fueron separados a la fuerza de sus familias para entregarlos a una institución religiosa o simplemente en adopción.
Y poco tiempo después –en junio de 2008– el Primer Ministro de Canadá Stephen Harper[2] hizo lo propio con todos los niños indígenas obligados a concurrir a escuelas donde por más de cincuenta años fueron sometidos a maltratos y abusos de distinto tipo.
Experiencia que si bien no habla de tierras, escaños o libredeterminación, proporciona lo obvio: humaniza el diálogo, volviéndolo abierto y razonado. 
Por otra parte, para reconocer a los pueblos indígenas es necesario preguntarse qué es lo que se quiere constitucionalizar y qué no. Para eso –tal como lo hemos destacado en otras ocasiones– se identifican con claridad dos fórmulas: el reconocimiento y la declaración multiétnica o pluricultural.
El reconocimiento[3] es, en el fondo, un acto unilateral y soberano de cada Estado hacia sus Pueblos Indígenas que, a nuestro juicio, termina desconociendo la trascendencia de una minoría étnica situable en igualdad de condiciones que el resto de las sociedades de ese país: no por casualidad es la fórmula más aplicada por los Estados. Así lo hicieron Paraguay y Colombia, por ejemplo.
La segunda técnica, la declaración multiétnica o pluricultural[4] –caso paradigmático es el de México– tampoco es convincente porque con ella se tiende a evadir el problema sustancial de todo esto: aceptar la convivencia de pueblos anteriores a la fundación del Estado Moderno con aquellos nacidos e incorporados a él después de su construcción. Con este modelo de declaraciones se aborda obviamente este aspecto del dilema –el de mayor relevancia, en efecto–, pero también encuadra a otros procesos distintos de la realidad indígena. Y es que termina siendo un concepto amplísimo, sostenedor de lo indubitable: las sociedades contemporáneas son diversas; y que de ninguna manera sacia las expectativas de oficializar aquella profunda especificidad étnica de cada sociedad compuesta por indígenas, cuyo reflejo es la aceptación de distintos pueblos al interior de un mismo Estado.
Pese a que las circunstancias no son las óptimas, el debate se ha planteado, y en un año de campañas presidenciales parece que no será fácil seguir evadiéndolo, tal como se ha hecho hasta ahora con la consulta del Convenio 169: todavía extraña de las políticas públicas.
Sin duda puede representar una oportunidad o sencillamente devenir en nuevas tragedias.
El perdón es un paso; constitucionalizar podría ser el siguiente.

[1] Quien sostuvo: “A las madres y a los padres, a los hermanos y a las hermanas, por la ruptura de familias y comunidades, pedimos perdón. Por la indignidad y la degradación así infligida en un pueblo orgulloso y una cultura orgullosa, pedimos perdón”.
[2] "Ahora reconocemos que fue un error separar a los niños de sus ricas y dinámicas culturas y tradiciones, y que se creó un vacío en muchas vidas y comunidades", arguyó.
[3] Desde la reforma constitucional propuesta bajo el gobierno de Don Patricio Aylwin Azócar, pasando por el proyecto presentado por el ex diputado Francisco Huenchumilla; luego por el del ex Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, hasta el último promovido a fines del año 2012, recogen esta herramienta.
[4] El proyecto de reforma constitucional presentado el 23 de noviembre del año 2007 por la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, utilizó esta técnica.