La existencia de grupos económicos en Chile, exige adoptar líneas de control direccional y financiero entre empresas que jurídicamente son independientes, aunque puedan estar vinculadas entre sí a través de una misma empresa que lidera el grupo económico. Es sabido que existen grandes empresas en Chile que asumen el liderazgo de este control direccional, que son precisamente las que imponen las decisiones de sus propias empresas controladas, todas las cuales, se deben al cumplimiento de un pacto de actuación conjunta, muchas veces de carácter confidencial, aunque se percibe claramente por razones de políticas comerciales que se condicen para un fin común de propender al fortalecimiento del grupo económico. 
Por su parte, al referirse a los grupos empresariales ha de entenderse que su finalidad es nétamente de inversión, más que creditica y financiera como caracteriza a los bancos comerciales.
De ahí que el Estado ha de cautelar de manera prudente su obligación al fiscalizar a los grupos económicos, ejerciendo un real control de legalidad de sus actuaciones y especialmente, detectando el control direccional que ejercen a todas las empresas que forman parte del grupo económico. Esto, es fundamental, para que las decisiones comerciales que adoptan las grandes empresas, no sean  inductivas e impositivas para las demás sociedades que forman parte de un mismo grupo económico, toda vez que se estaría ejerciendo un control direccional que afecta la independencia del las sociedades que forman parte del grupo económico.
Lo anterior, tiene mucha importancia, si se advierte que en Chile se considera abusivo y muy  cuestionable la prerrogativa entre empresas relacionadas que puedan intervenir y llegar a decidir una política de inversión común entre empresas controladas, con acuerdo de objetivos e intervención en la toma de decisiones comerciales más trascendentales, sean de inversión o financiamiento, cuya competencia ha de ser leal y trasparente, a fin de evitar que pueda existir una suerte de colusión que afecta las políticas del mercado y de paso perjudique al consumidor.
En general, creemos que en las sociedades controladas por cierto grupos empresariales, se dan las condiciones de igualdad y democracia, ya que el principio que las gobierna sigue siendo "una acción, un voto", y no el de "un hombre o grupo, un voto".
En consecuencia, quien impone su parecer sigue siendo aquel que acumula más acciones o es capaz de convencer a distintos grupos para que actúen de manera similar bajo la figura de un acuerdo o pacto de actuación conjunta, que permita hacer frente a un grupo controlador.
Esta común persistencia de control societario, se explica bajo la óptica de un control direccional, más que financiero o indirecto que se diluye cuando se diversifica la inversión y no existe retorno por la vía de una cuenta corriente mercantil entre empresas relacionadas.
En Chile existe cierto consenso en que gracias a los grupos económicos y obviamente a políticas subsidiarias del Estado, se ha contribuido a fortalecer importantes logros de modernización y progreso económico, que obedecen a un proceso de democratización, que se ha visto fortalecido por reformas en materia de justicia, salud y previsional que han sido bien calificadas por la ciudadanía, no así la reforma tributaria y educacional, que se perciben como “cuellos de botella” ya que no logran detectar las reales necesidades de nuestro país. Asimismo, la inversión en infraestructura se ve atenuada por un inminente estancamiento del crecimiento económico que se estaba dando hasta el año pasado.
Sin embargo, el gran defecto que creemos percibir es la incapacidad de lograr superar la desigualdad social, y permitir que los pocos grupos económicos que existen en Chile sigan concentrando todo el poder económico y político de nuestro país, lo que causa molestia especialmente a la gente más modesta que forma una empresa que no ve una señal clara de crecimiento por culpa del Estado y de las grandes empresas, pero no se considera por parte de la ciudadanía un reconocimiento que sin la existencia de estos grupos económicos, la desigualdad social y pobreza sería aún mayor.
Esto, contribuye a una menor carga tributaria que no se condice con el nivel del crecimiento económico del país y una política laboral que no fortalece adecuadamente la real capacidad negociadora de los sindicatos, para mejorar la participación de los trabajadores en los logros económicos del país.
Creemos que existe falta de consenso parlamentario, que se ha impuesto por simples caprichos políticos que han impedido impulsar más reformas sustantivas en materia importantes como son el funcionamiento de los grupos económicos y el poder direccional, lo que resulta esencial para contribuir a que exista mas desarrollo de todos los sectores productivos, evitando de esta manera que persiste los problemas de salud, calidad del empleo, bajos niveles salariales e insuficiencias en el área de capacitación y formación de nuevas empresas.
Los sectores de la pequeña y mediana empresa y del trabajo por cuenta propia han quedado excluidos de las dinámicas modernizadoras y enfrentan debilidades para sobrevivir en una economía abierta, competitiva y exigente.
Por último, los grupos económicos en Chile han de cautelar con urgencia el incentivo a todos los sectores productivos, de manera que exista más justicia social, equidad y menos desigualdad. (Santiago, 5 octubre 2018)