Existe una campaña orientada a menospreciar la labor notarial y registral, aprovechando el  alto desconocimiento que se tiene acerca de ésta.
Entre otras tareas, su desempeño se relaciona con la justicia preventiva, sustento legal de actos y contratos, evitando que éstos queden sujetos a la voluntad de cada persona. A nuestro juicio, no se ha dimensionado el valor -individual y colectivo- de ésta. Sólo un ejemplo: un contrato de arrendamiento  es válido,  se firme o no ante notario. Sin embargo, se recurre a éste buscando seguridad y certeza jurídica y de esta manera inhibir el desconocimiento de aspectos contractuales. Una persona paga en promedio entre 3 y 5 mil pesos por ejemplar de contrato de arriendo, versus los sobre 300 mil pesos que deberá desembolsar en caso de tener que acreditar por la vía judicial lo que está garantizado por el ministro de fe.  Si sólo el 15% de las situaciones que hoy resguardamos derivara en un juicio, el Estado  tendría que crear tantos tribunales como hoy existen, con un gasto superior a los US$ 600.000.000 anuales, que pagaríamos todos los chilenos.
Esta labor de justicia preventiva es posible porque en el sistema latino el notario y el conservador deben ejercer el control legal de los documentos que autorizan, denegándolos cuando existan puntos contrarios a las leyes. En el sistema sajón, no existe la fe pública como tal, sino que un respaldo mediante seguros, cuyo pago termina siendo muy costoso para las personas.
En otro aspecto, los  notarios y conservadores, son orientadores jurídicos para muchas personas, especialmente de pocos recursos y lugares apartados. Además, somos los garantes de muchas actividades públicas y  privadas. Casos como las elecciones populares, retención tributaria en lo público o como custodios de los valores involucrados en casi todas las compraventas de inmuebles en el ámbito privado, entre otras, así lo demuestran. Jamás se ha  puesto en duda la confianza depositada en nosotros
Nuestros detractores, normalmente alejados del mundo jurídico, incurren en graves errores conceptuales, tales como hablar del mercado de notarios o que éstos constituyen un monopolio. Sólo en Santiago hay más de 120 notarías. Esos mismos detractores promueven el reemplazo de parte importante de nuestra  actividad por productos que en Chile se comercializan por cuatro empresas.
Entendemos los ataques, ya que es conocido que existe una planificada acción para destruir al  notariado, a objeto de abrir nuevos negocios  a empresas de tecnología y seguros, lo que creemos terminará destruyendo la fe pública y la seguridad y certeza jurídica que a muchos pareciera no importarles e incluso, les molesta.