El título de esta columna hace referencia al documento propuesto por el Partido Republicano y compartido por José Antonio Kast a través de su cuenta Twitter hace unas semanas atrás. Al leer dicho documento podemos inferir que no solo se quiere frenar la “inmigración ilegal” sino la inmigración a secas.
Apenas en el tercer párrafo de dicho documento se puede leer que la inmigración (no la ilegal, sino toda) estaría trayendo consecuencias negativas y se pone en duda que los inmigrantes aporten algo al país ni siquiera por vía de impuestos.
Sobre este punto habría que tener en cuenta varios datos relevantes:
1. En el año 2019 Estados Unidos destinó 120 millones de dólares para atender a migrantes, en realidad refugiados, venezolanos en toda Latinoamérica (https://bit.ly/2Zjxcv9)
2. En 2020, la Unión Europea destinó 2.700 millones de dólares a los países latinoamericanos que acogen refugiados venezolanos (https://bit.ly/3pmidew)
3. También en 2020 la conferencia internacional de donantes recaudó 3.443 millones de dólares para tender a refugiados venezolanos (https://bit.ly/3B1SmL1)
4. En junio de este 2021, la Unión Europea entregó al estado chileno 177 millones de pesos para atender la crisis de desplazados venezolanos en Iquique (ver https://bit.ly/30OhjgG)
5. Asimismo en junio la comunidad internacional comprometió 1.500 millones de dólares para atender el éxodo venezolano (https://bit.ly/3aXgljN)
A estas mil millonarias cifras -algún porcentaje de las cuales debió recibir el Gobierno chileno, por lo que sería importante informar, de ser el caso, qué destinos tuvo-, hay que sumar además, haciendo un simple cálculo, todo lo que recauda el Estado por concepto de impuestos. Si hay dudas que los inmigrantes aporten algo por impuestos, habría que recordar que toda persona incluso los mal llamados “inmigrantes ilegales” pagan IVA, no hay manera de zafarse de ese impuesto que lo paga cualquiera que adquiere una simple bebida en un minimarket.
Entonces, si tomamos como ejemplo los migrantes venezolanos, podemos hacer el siguiente cálculo. Se estima que en Chile hay 400 mil venezolanos, si de esos solo el 50% pagara impuestos y suponiendo que por concepto de IVA pagan anualmente la suma de 300 mil pesos, entonces estamos hablando de una irreal e hipotética -porque sabemos que es mucho más- suma de $60.000.000.000, o sea, sesenta mil millones de pesos que ingresan anualmente al fisco por recaudación del IVA, sin contar otros impuestos. Es una suma nada despreciable, que unida a lo que podría haber recibido el Estado chileno por cooperación internacional para ayudar a los refugiados venezolanos debería dar un margen para palear los gastos en que pudiera incurrir el Estado por concepto de migración.
Continua el señalado documento diciendo que el más grave problema es la “ilegalidad” de aquellos que ingresan al país por pasos no habilitados. En tal sentido, baste recordar que, al menos en el caso de los venezolanos, no podemos hablar simplemente de inmigración ilegal. Tanto ACNUR como la OEA en su Resolución 2/18 han instado a los Estados latinoamericanos a considerar a los venezolanos como refugiados y tener en cuenta que se trata de migrantes forzados, o sea, desplazados.
En consecuencia, es erróneo tratar de migrantes mucho menos inmigrantes ilegales a quienes huyen de la crisis bien conocida que vive Venezuela.
Pero continúa el documento exponiendo una serie de medidas que deberían tomarse y empieza señalando la necesidad de construir un “recinto”, en realidad un centro de detención, cuya única finalidad sea la de preparar la expulsión de esos que considera inmigrantes ilegales. Sorprende lo que plantea esta propuesta, pues se pretende tratar a todos por igual simplemente ejecutando su expulsión; cuando en derecho corresponde que cada persona sea tratada de acuerdo con sus circunstancias particulares más si se pretende la aplicación del derecho penal cuya responsabilidad es personalísima.
La segunda propuesta del documento verdaderamente sorprende por el llamado a desconocer el derecho a la defensa de que goza toda persona con independencia de su nacionalidad. Esta propuesta expresa nada más y nada menos que ninguna de las personas que ingresa por pasos no habilitados debería disponer de recursos judiciales que le permitan defenderse de los intentos de expulsión practicados por el Poder Ejecutivo. Este llamado al desconocimiento de la institucionalidad no podemos menos que reprocharlo y lamentarlo.
Las propuestas subsiguientes están destinadas a la creación de burocracia para perseguir la “inmigración ilegal”, estas propuestas son realmente contrastantes con la argumentación inicial preocupada por el supuesto gasto público que generan los inmigrantes, pero a su vez propone más gasto público para generación de burocracia.
Hay otra propuesta que resulta bastante inquietante y es aquella donde se plantea exigir a Venezuela – o sea a la dictadura de Nicolás Maduro- que “controle sus fronteras” para que no sigan saliendo personas que puedan llegar como inmigrantes ilegales a Chile. Por irreal que parezca, esta es una propuesta del Partido Republicano, que pretende que a los venezolanos que están en Venezuela, al mejor estilo de la dictadura cubana se les impida, todavía más, la libre circulación y se les reprima al punto que no puedan salir de Venezuela a buscar un mejor futuro que es lo que en definitiva la mayoría hace.
Finalmente proponen que todas las organizaciones no gubernamentales y personas que prestan ayuda a “inmigrantes ilegales” sean sancionadas. Una vez más olvida el Partido Republicano que toda persona tiene derecho a la defensa y a ser tratada sin discriminación y en reconocimiento de su dignidad humana. Olvidan además que precisamente muchas de esas organizaciones y personas que prestan ayuda están constituidas con esos fines o son simplemente abogados ejerciendo su profesión y entonces la propuesta es a que se les niegue a los abogados ejercer su profesión y a las organizaciones no gubernamentales vulnerar su derecho a la asociación y a destinar sus esfuerzos y recursos en las causas que se proponen defender.
Una propuesta tan mal planteada, en lo moral y en lo jurídico, no puede sino ser objeto de rechazo. Estamos convencidos que son más los chilenos, sin distingo ni color político, que repudian las medidas reactivas y los discursos xenófobos que pretenden desunir a pueblos hispanoamericanos hermanos, bajo el pretexto de un nacionalismo populista.
Esperamos, pues, que el presidente del Partido Republicano al menos ajuste las propuestas de su partido a la Constitución y a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y Refugiados ratificados por el Estado chileno. Él, que afirma seguir la fe católica, debería recordar que Jesús María y José también fueron inmigrantes[1], igual por cierto que sus padres.  (Santiago, 26 octubre 2021)
 
[1] Invitamos a leer la columna “Jesús, José y María: emigrantes…” disponible en https://bit.ly/3C3XUG1