Atribuible o no a la profundidad de la crisis, lo cierto es que los temas de infancia se han mantenido distantes de la tradicional disyuntiva entre izquierdas y derechas relativa al rol de las instituciones públicas sobre las privadas o viceversa. Sin esa piedra de tope, y con la inyección de urgencia asignada por el actual Gobierno, en tiempo record se logró un acuerdo nacional, consensuando 94 propuestas que harán las veces de hoja de ruta durante los próximos años.

La preponderancia que se la da a la familia, formulando programas de fortalecimiento de habilidades parentales u otras que apuntan a la reunificación familiar, no sólo están en la dirección correcta, sino que, desde nuestra perspectiva, constituyen el eje central que debiera tener cualquier esfuerzo dirigido a superar la crisis actual.

Con tal énfasis la Comisión estimó necesario además profundizar los programas de familias de acogida, bajo la lógica que, frente a episodios de vulneración reiterada en los derechos de un menor, lo primero que se debe restaurar es precisamente el entorno familiar.

Por esfuerzos que se hagan y compromiso que tengan los profesionales a cargo, es difícil pedirle a un hogar de menores que supla con éxito los elementos reparadores que emanan de la convivencia diaria en un entorno familiar. En prácticamente la totalidad de los casos, quienes habitan los hogares, son personas que adolecen de las mismas carencias, por lo que difícilmente se puede esperar que la tutoría de los escasos profesionales pueda entregar el afecto, la disciplina y el soporte que si puede otorgar una familia de acogida.

Ello lo entendió bien la Comisión ad hoc, formulando una serie de propuestas dirigidas a fomentar y perfeccionar el rol de las familias de acogida. Entre otras medidas se propone la ampliación del programa, la mejor elección y preparación de las familias postulantes, la mejora en la subvención, el perfeccionamiento de la evaluación y control de cada uno de los casos y la necesidad de regular de mejor manera, las superposiciones que naturalmente se dan entre acogida y adopción. 

Con el fortalecimiento del programa de familias de acogida, se genera un círculo virtuoso, que va incluso más allá del adecuado tratamiento que se le debe dar a un menor vulnerado en sus derechos. El soporte que otorga un ambiente familiar permite además desarrollar intervenciones profesionales de apoyo médico y sicológico con mayores probabilidades de éxito.

Por su parte, la inyección de recursos vía subvención a las familias, no sólo permite enfrentar las consecuencias económicas propia del incremento en el número de personas viviendo bajo el mismo techo, sino que le entregan a dicha familia mayores grados de estabilidad, que sin duda se ven reflejados en la convivencia familiar.

Es de esperar que estás y otras medidas, particularmente aquellas que no requieren tratamiento legislativo, se implementen cuanto antes para no perder el impulso ni el sentido de urgencia que hoy transversalmente coincidimos tienen los temas de infancia. (Santiago,13 junio 2018)

Arturo Squella O.

Director Centro de Derecho Público y Sociedad

Facultad de Derecho y Gobierno U. San Sebastián