La opinión pública nacional se ha visto impactada por las serias denuncias que afectan a personalidades políticas y empresariales en relación con el financiamiento de campañas electorales y otras irregularidades.

Ello ha dejado una vez más de manifiesto la precariedad de la Ley de Transparencia, Control y Limite del Gasto Electoral, tema que naturalmente también contamina a la LOC de Partidos Políticos.

¿Cómo combatir desde el Estado los ilícitos del sector privado?

Como era de suponer, la reacción gubernamental no se hizo esperar: preparar proyectos para reforzar las leyes infringidas.

Al margen de las reservas sobre la eficacia de estas correcciones normativas, surge otra interrogante: ¿basta con combatir la corrupción en el sector público?

Como anota un autor en el tango “para bailar hacen falta dos”. En ningún país del mundo los empresarios van a tener una actitud pasiva e indiferente respecto a temas públicos que les afecten gravemente sus intereses patrimoniales.

Los empresarios deben mantener permanentemente relaciones con el sector público y constituyen como grupo de presión una fuerza política relevante.

No quiere decir que los empresarios sean malas personas o inmorales, simplemente cumplen el rol de la lógica entre la empresa y el sector público.

Ahora bien, con cierto escepticismo, no creo que existan formas en las cuales el sector privado y el público puedan encontrar caminos de cooperación.

Efectivamente, no me parece que a través de normas jurídicas se origine un cambio en el comportamiento de los funcionarios públicos ni la conducta de los empresarios.

La codicia, el deseo de ampliar el poder, de servir a los familiares o amigos son inherentes a la naturaleza humana.

Es más, sabemos que el “ius puniendi” estatal no rige en materia de delitos de “cuello blanco”.

Gracias a los progresos de la tecnología –o por desgracia para algunos- el único freno para evitar actualmente la corrupción radica en la opinión pública: en las redes sociales se guarda la memoria nacional que involucra no sólo a los personalmente responsables sino a todo su grupo familiar (Santiago, 4 marzo 2015)