La Constitución asegura la integridad física y psíquica de las personas y prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. También el derecho a la educación que, como señala la Carta Fundamental, tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. A su turno, la Ley General de Educación precisa que la educación es un derecho de todas las personas y que corresponde a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos, al Estado el deber de otorgar especial protección a este derecho y, en general, a la comunidad el deber de contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, reiterando así explícitos mandatos constitucionales. Junto a lo anterior, el citado cuerpo legal le impone al Estado diversos deberes en relación al ejercicio de este derecho, tales como promover la educación en sus distintos niveles, garantizar su acceso gratuito, resguardar los derechos de los padres y alumnos, cualquiera sea la dependencia del establecimiento que elijan, y propender a asegurar la calidad de la educación.
La violencia escolar, física y sicológica, ejercida entre los alumnos, se ha convertido en los últimos años en un grave problema al interior de los establecimientos educacionales, expone la moción de los Senadores Allamand, Cantero, Chadwick, Lagos Weber e Ignacio Walter. Se hace necesario, entonces, regular la forma en que los colegios deben asumir el problema y, al mismo tiempo, establecer sanciones para aquellos establecimientos en los que, acreditándose un hecho de violencia escolar, no hayan actuado con el rigor y la premura exigida.
La iniciativa legal, aprobada por el Senado, agrega un nuevo inciso al artículo 4º de la Ley General de Educación para establecer que “Es deber del Estado procurar que cada establecimiento educacional cuente con una política de promoción de una sana convivencia escolar y de una educación sexual, que guarden concordancia con el proyecto educativo del respectivo establecimiento”. Luego, el proyecto de ley define normativamente, y por primera vez, la conducta de bullying o matonaje escolar, al disponer que “… se prohíbe cualquier tipo de agresión u hostigamiento reiterados, realizados dentro o fuera del establecimiento, en forma individual o colectiva en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o aprovechándose de la indefensión de la víctima, que le provoque a esta maltrato, humillación, temor, quebranto u otro efecto de similares características, cualquiera sea el medio empleado, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos”. De esta manera se contempla explícitamente las formas modernas de hostigamiento ejercidas a través de las redes sociales, tales como, Facebook, Twitter y Messenger.
Asimismo, la iniciativa impone a los padres, madres y apoderados, a los profesionales de la educación, a los asistentes de la educación y a los miembros de los equipos docentes directivos, la obligación de informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno y, además, prevé sanciones si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga.
Por último, se obliga a los colegios a adoptar en sus reglamentos internos las medidas necesarias, no sólo de carácter sancionatorio, sino también preventivo, pedagógico, correctivo y disuasivo para frenar la violencia escolar.
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