La moción, presentada por los diputados Fuenzalida, Berger, García, Nicolás Monckeberg, Cristián Monckeberg, Paulsen, Rathgeb y Santana, reconoce la  improcedencia de que las autoridades del país mantengan una conducta ligada al consumo de drogas, estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por cual proponen ampliar el campo de acción de la normativa vigente en esta materia, haciéndola aplicable a los parlamentarios.

Los autores, adujeron que la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, indica que no pueden desempeñarse por personas con dependencia de drogas ilícitas, en la administración del Estado, los cargos de Ministro de Estado, los de Subsecretarios, de jefes superiores de Servicio, directivos superiores o jefes de División; intendentes, gobernadores y consejeros regionales, alcaldes, concejales y los consejeros y directivos superiores del Banco Central y lo mismo rige para los jueces regulados por el Código Orgánico de Tribunales.

Por lo cual, los parlamentarios estimaron que toda persona que desempeñe una función pública, tiene en sus manos una responsabilidad mayor que el ciudadano común puesto que, por las funciones que se le ha encomendado, tienen la obligación de garantizar que se aplique, sin presiones ni condicionantes ajenas a su voluntad y conciencia, la legalidad vigente.

De esa manera, la norma que se propone expresa que “cesará en su cargo, el diputado o senador que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico, en conformidad a las normas que al efecto establezca la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional”.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

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