El Pleno del TC acogió a trámite un requerimiento –interpuesto por más de una cuarta parte de los diputados en ejercicio- mediante el cual se objeta la constitucionalidad del Decreto Supremo Nº 264, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial el pasado 6 de octubre, que incide en la regulación de la televisión digital.
La resolución dispone que los requirentes deben dar cumplimiento a lo señalado en el inciso cuarto del artículo 61 de la Ley Nº 17.997, en orden a designar a uno de los parlamentarios firmantes como su representante en la tramitación de la reclamación, lo que fue cumplido por estos designándose al diputado Jorge Burgos.
Corresponde ahora que la Magistratura Constitucional se pronuncie si lo declara admisible.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Venegas y Aróstica, quienes fueron de opinión de no admitir a tramitación el requerimiento, ya que en su concepto éste no contiene una exposición clara de los hechos y de los fundamentos que le sirven de apoyo, de momento que no explica de qué forma se producirían las infracciones a la libertad de expresión, a la prohibición de establecer un monopolio estatal sobre los medios de comunicación social, al trato igualitario que debe dar el Estado en materia económica y al estatus de bien nacional de uso público del espectro radioeléctrico, que se atribuyen al Decreto Supremo impugnado.
Además, por cuanto el requerimiento no contendría peticiones concretas de momento que se limita sólo a solicitar tenerlo por interpuesto.

Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente.

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