El requerimiento se funda en que la norma impugnada, al describir la conducta constitutiva del hecho punible, por encontrarse contenida en un decreto con fuerza de ley no cumpliría con el principio de la legalidad en materia penal, que reserva solo a la ley, en sentido estricto, la determinación de los hechos punibles y su penalidad.  
Se aduce también que la norma impugnada habría excedido los términos de la ley habilitante o delegatoria y, en tal sentido, se encontraría afecta a un segundo vicio de constitucionalidad por esa causa.
El Pleno del TC tendrá avocarse a la resolución del fondo del asunto.
En el intertanto dispuso suspender el juicio oral que se seguía ante el TOP de Valparaíso.

Vea sentencia interlocutoria que acogió requerimiento a tramitación.