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Reforma constitucional.

Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre enmienda constitucional que procura garantizar asistencia jurídica a víctimas de delitos.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados dejó pendiente la votación de la enmienda constitucional que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no pueden procurárselas por sí mismas.El proyecto de reforma constitucional se origina […]

10 de noviembre de 2010

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados dejó pendiente la votación de la enmienda constitucional que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no pueden procurárselas por sí mismas.
El proyecto de reforma constitucional se origina en una moción de los Senadores  Allamand, Espina, García, Prokurica, y del ex Senador Romero, ya despachada por el Senado. 
El texto aprobado en primer trámite constitucional propone agregar, en el inciso segundo del artículo 83 de la Constitución -inserto en el Capítulo que establece las bases constitucionales del Ministerio Público-, y que señala que “El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal”, la siguiente oración final: “Para este efecto, la ley señalará los casos y establecerá la forma en que se otorgará asesoramiento y defensa jurídica a las personas naturales víctimas de delitos que no puedan procurárselos por sí mismas.”. 
La votación se acordó postergarla para concordar un texto con el Ministerio de Justicia, luego de que se plantearan dudas sobre la necesidad de la enmienda, si se considera que la Carta Fundamental ya le impone al legislador la obligación de arbitrar “los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos” (art. 19 Nº3). Además, porque se adujo desconocer los términos en que se implementaría la regulación por la legislación complementaria, de suerte que para pronunciarse sobre la reforma debe conocerse en detalle cómo va a operar el sistema y precisarse cuáles van a ser los alcances efectivos del asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas de delitos.
También se ha planteado que debe revisarse la ubicación en que se propone incorporar la nueva preceptiva a la Carta Fundamental, pues no sería adecuada incluirla dentro del capítulo que regula al Ministerio Público.

Vea texto íntegro de la moción, informes y discusión.

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