Un grupo de diputados, apoyados por organizaciones de consumidores, firmaron el requerimiento por inconstitucionalidad presentado el día 20 de diciembre en el Tribunal Constitucional (Rol 2565), buscando dejar sin efecto el polémico reglamento dictado por el Ministerio de Economía por consentimiento en operaciones bancarias y no bancarias y que a juicio de los parlamentarios vulnera derechos esenciales de los consumidores, dejándolos en una clara indefensión ante el aumento en las comisiones.
Luego de ingresado el requerimiento, el diputado Vallespín indicó que “hemos pedido que se declare la inconstitucionalidad de gran parte de este reglamento apelando a una serie de conceptos garantizados en nuestra Constitución y que apelan a la igualdad ante la ley y considerando que se otorga un privilegio exorbitante para el contratante poderoso, dejando a las personas de brazos cruzados y no pudiendo rechazar aumentos, pues prácticamente quedan obligados a someterse a la decisión de las instituciones bancarias y no bancarias. Son más de 19 millones de tarjetas las que estarían afectadas”.
Por su parte, el diputado Schilling agregó que “la ley del Consumidor debe buscar defender al más débil y con este reglamento se está perjudicando abiertamente al consumidor, obligándolo a aceptar los términos de la entidad que presta el servicio. Si uno firma un contrato tiene derecho a la certeza a que el prestador del servicio le va dar el trato que corresponde y eso no está pasando”.
Finalmente, el diputado Chahín, integrante de la Comisión de Economía de la Cámara, informó que se está solicitando la realización de una sesión especial para analizar este hecho y que se ha citado al Ministro de Economía para que explique por qué el Gobierno cambió de opinión y optó por la vía reglamentaria para sancionar un hecho que en el 2010 aseguró debía hacerse a través de una ley.
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