En días pasados, la Comisión Investigadora creada con el objeto de analizar el derecho de reunión, aprobó –con 6 votos a favor y 3 en contra- el informe que detalla la forma como se han desarrollado las manifestaciones sociales en los últimos años y la manera en que las fuerzas policiales las han abordado. La instancia, dirigida por la sala del Senado, investigó “los protocolos de las fuerzas de orden y seguridad públicas para controlar protestas sociales; los recursos humanos empleados; la selección del personal de las fuerzas especiales de Carabineros; la legalidad de cierres de calles para prevenir accidentes; el uso de equipamiento para controlar protestas sociales; y las denuncias de abuso en el control de manifestaciones populares”.Así, se concluyó en la necesidad de establecer con mayor precisión el derecho a reunión en el orden constitucional y propone la dictación de una ley que derogue el DS 1.086 y establezca claramente cómo se va a ejercer tal garantía.En tanto, el presidente de la comisión, diputado González, destacó la aprobación del documento y señaló que “la mantención del orden público debe ser resguardada, pero sin detrimento del ejercicio de esta garantía y con respeto a los derechos humanos de quienes se manifiestan”. Agregó que la nueva normativa debería contemplar “cómo se va a ejercer el derecho a reunión; cuáles son los bienes a proteger; y cuáles son las prácticas que no se deben autorizar para que se pueda resguardar bien el orden público”.Finalmente, concluyó señalando que existe la necesidad de dotar a las fuerzas especiales con los recursos y el apoyo técnico debido para que puedan identificar a los grupos minoritarios violentistas y a los encapuchados, que impiden el correcto ejercicio del derecho a reunión.
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