Hasta el año 2003 en que se aprobó la Ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, y la Ley Nº 19.885, que procura garantizar el buen uso de donaciones de personas jurídicas y sus beneficios tributarios, entre otras materias, no existía en Chile un cuerpo normativo que regulara de manera pormenorizada el financiamiento electoral. La Ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, solo establecía prescripciones generales sobre los ingresos autorizados y la contabilidad de estas fuerzas políticas.
El nuevo ordenamiento se dictó, entre otros fines, con el propósito de resguardar la igualdad de oportunidades en la competencia política; garantizar la transparencia de la contienda electoral; y aumentar la capacidad de control del Estado y la ciudadanía sobre los procesos electorales. Para ello resolvió fijar límites al gasto electoral y al monto a donar a una campaña electoral, contemplándose tres categorías de donaciones (anónima, reservada y pública).
Con igual propósito se acordó el financiamiento público, que consiste en un subsidio que el Estado entrega a los distintos candidatos que postulan a ocupar un cargo de elección popular, lo que se espera posibilitará una más justa contienda electoral e inhibirá la influencia de grupos de interés y la presión que estos puedan ejercer sobre los candidatos. El financiamiento público se asigna según el número de votos públicos.
Correlativamente el sistema exige que los candidatos rindan cuenta en forma rigurosa de los ingresos que percibieron y de los gastos realizados en su campaña para corroborar si efectivamente respetaron la normativa sobre límites y gastos electorales que rigen estos procesos. Si se conoce los gastos y qué grupos o personas apoyaron a un determinado candidato y cuánto dinero le aportaron, se transparenta la competencia, que gana en legitimidad, y se previene el ingreso de dinero ilícito a la política fomentando, de ese modo, la cultura democrática.
La citada legislación se aplicó en la elección municipal del 2004, parlamentaria de 2005 y también en la presidencial del mismo año, e igualmente corresponderá ponerla en vigor en los próximos comicios. De allí la importancia del “Manual de Gasto Electoral Municipal” que en conjunto elaboraron la Asociación Chilena de Municipalidades, la Corporación ProyectAmérica, la Fundación Jaime Guzmán y Chile Transparente, en procura de facilitar el conocimiento y aplicación de las normas que rigen el financiamiento, el gasto y la posterior rendición de cuentas de las campañas a alcaldes y concejales.
A través de cerca de 100 preguntas construidas de manera didáctica, sobre la base de los temas más importantes de la citada legislación, con sus correspondientes respuestas, los candidatos y sus administradores electorales podrán contar con un valioso instrumento de apoyo para el cabal cumplimiento de esa compleja normativa.

Vea texto íntegro de Manual de Gasto Electoral Municipal.