Uno de los temas más acuciantes en el actual debate público es el relativo a la contención de la delincuencia y el rol de los diferentes poderes del Estado a este respecto. Igualmente, en el contexto de las manifestaciones sociales observadas en nuestro país en los últimos años, ha surgido el debate sobre la necesaria armonización entre el legítimo ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía, tales como el derecho de reunión y la libertad de expresión, y el respeto a los derechos de las demás personas que no toman parte en dichas manifestaciones. En este contexto, el Diario Constitucional entrevistó a la Honorable Diputada María Angélica Cristi, quien es una importante figura del mundo parlamentario en lo relativo al control de la delincuencia y las políticas públicas de orden y seguridad pública. La entrevista fue realizada por el Editor del Diario Constitucional, Tomislav Bilicic, en conjunto con el investigador del Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Universidad Mayor, profesor Esteban Szmulewicz Ramírez.
Buenos días Diputada. Antes que todo, ¿cuál es su evaluación sobre la situación de la seguridad pública en nuestro país?
Aunque las cifras destacan una disminución en el índice de victimización, mi percepción es que la delincuencia sigue afectando enormemente a todos los chilenos y así lo confirmó la encuesta CEP dada a conocer al país el 21 de Agosto pasado, la cual arrojó que la delincuencia aparece como EL MAYOR PROBLEMA de la ciudadanía en relación con tres grandes temas, al punto de colocarlo por encima de la educación (a la que señalan en segundo lugar), y a la Salud en un tercer puesto.
En relación a la institucionalidad relativa al orden público, a su juicio ¿sobre qué autoridad debiera recaer primariamente la responsabilidad por temas de orden público y seguridad? ¿El ministerio del Interior, el Ministerio Público o la Corte Suprema?
En todas las autoridades recae la responsabilidad de mantener el orden público y la seguridad ciudadana, sin embargo falta mucha coordinación entre ellas, siendo fundamental que los jueces sancionen a los que transgreden las leyes, porque no es un misterio que la justicia en nuestro país se ha vuelto demasiado garantista con los delincuentes. Basta revisar los últimos casos que hemos leído a través de la prensa.
La falta de coordinación entre las autoridades así como el actuar de los jueces es preocupante. Carabineros cumple con su rol al detener y poner a disposición de la justicia a los detenidos, pero dicen que no reciben instrucciones oportunas de los fiscales.
No sirve de nada tener excelentes normas y estrategias, si en definitiva los jueces dejan en libertad a lo delincuentes o si las penas aplicadas no son ejemplificadoras y consecuentes con el delito cometido. Debemos convencernos como sociedad que delinquir no debe ni puede ser gratis y que no da lo mismo ser delincuente o no. Por ello, las señales que damos las autoridades son muy importantes, y me incluyo en ellas.
En la misma línea, ¿cuál es su evaluación de la labor realizada por estos organismos desde la perspectiva del orden público y la seguridad?
Es un hecho indiscutido y creo que la gran mayoría así lo siente, que nunca en el país se había vivido una convulsión social tan grande, con marchas y desmanes como los que vemos repetidamente desde el año pasado, con destrucción a la propiedad privada y pública, numerosos Carabineros heridos y lo que es peor aún, impidiendo a la gran mayoría de este país, el derecho a vivir en paz.
Necesitamos analizar por qué se producen estos hechos, qué hay atrás de estos movimientos tan ideologizados y de izquierda, y para dónde están llevando al país. No creamos ingenuamente que estamos en presencia de actos espontáneos y aislados. Primero fue Hidroaysen, después la huelga de hambre de un grupo de mapuche, las demandas estudiantiles, Freirina, etc., siempre hay un motivo.
Esta situación, no solo afecta la paz social interna del país, sino que también nuestra “imagen-país” frente al mundo, con sus negativas consecuencias para las inversiones, las exportaciones, importaciones, el turismo y todo lo que ello implica.
En este punto no puedo dejar de mencionar, el papel crucial que cumplen los medios de comunicación al transmitir tanta información e imágenes distorsionadas, desprestigiando a las instituciones del país, principalmente a Carabineros al que le hacen mucho daño.
Efectivamente, los medios en su afán por tener un alto rating o aumentar sus volúmenes de ventas, recurren al sensacionalismo con elementos violentos, incluso algunos medios de comunicación han llegado al punto de transmitir en vivo y directo marchas violentas y todo tipo de desmanes.
También falta un rol más activo de los padres en relación con el comportamiento de sus hijos y su participación violenta en las marchas y tomas de los colegios. Aparentemente, en el Derecho comparado no existiría responsabilidad penal por los hechos ilícitos de los menores, sí la responsabilidad subsidiaria civil de los padres por los daños y perjuicios ocasionados por un hijo menor de edad, en el sentido de responder, en términos de reparación por los daños causados.
En España por ejemplo, en los casos de bullying, la reparación de los daños y perjuicios, puede ser obtenida a través de la responsabilidad civil de los padres o tutores del menor.
Pero lo que resulta francamente insólito, es que la Concertación se oponga a legislar sobre el orden público haciendo una campaña de desinformación a través de la prensa y que no tenga ninguna palabra de reproche para con las marchas violentas, los desórdenes públicos y con los numerosos Carabineros heridos, al menos yo no los he escuchado decir nada al respecto.
¿Cuál es su opinión respecto del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo (Boletín 7975) que fortalece el resguardo del orden público? ¿Es el derecho, ya sea a través de la configuración de nuevos tipos penales o la creación de agravantes de la responsabilidad especiales, la solución frente a ciertos problemas que parecen tener una connotación más bien política?
Como país necesitamos una nueva legislación de orden público, más moderna y acorde con la realidad, está demostrado que no nos sirve el artículo 269 del Código Penal, que sanciona los desórdenes públicos; es insuficiente y anacrónica. Pero como he señalado, los desórdenes públicos que estamos presenciando desde el año pasado van mucho más allá de la legislación, no bastando solo tener normas de excelencia y acorde con los tiempos.
En relación a esta iniciativa, algunos críticos sostienen que vendría a coartar el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y la libertad de expresión, ¿comparte esta apreciación? ¿Cómo debieran resolverse los conflictos entre los derechos de las personas que participan de una manifestación pública y los derechos de terceros?
No, no estoy de acuerdo con esa apreciación. Tanto la libertad de reunión como la libertad de expresión forman parte del conjunto de derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Sin embargo, ello no obsta a que existan limitaciones a las mismas, pues su ejercicio no puede afectar los derechos de terceros.
Así, un tema son las demandas legítimas de la ciudadanía como es el caso de las mejoras en la educación y muy diferentes son los hechos de violencia, las tomas, las bombas molotov y los Carabineros heridos; o el impedir a los otros ciudadanos circular por las calles libremente o a concurrir a clases en su establecimiento educacional como hemos sido testigos los últimos días. Exigir que la ciudad entera se someta a las “exigencias” de algunos, no me parece justo y menos de la forma en que lo hacen.
¿Qué opinión le merece el hecho de que la Constitución Política entregue la regulación del derecho de reunión a las disposiciones generales de policía y no a la reserva de ley, como en el caso de los demás derechos fundamentales? ¿Considera legítimo que, de acuerdo al D.S. N° 1.086, se pueda negar la autorización para la realización de una manifestación en lugares públicos?
El art. 19 Nº 13 de la Constitución ampara el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas; o sea se pueden realizar todas las reuniones públicas siempre y cuando se desarrollen pacíficamente y sin armas, siendo totalmente legítimo que la autoridad reprima aquellas que no reúnen esas características, sobre todo después de lo que presenciamos cada vez que se llama a una marcha ilegal y sin autorización, en el último tiempo. Las autoridades deben velar por la paz social y el derecho de todos los ciudadanos a vivir en paz.
La circunstancia de que la reglamentación para realizar una marcha pública en la Región Metropolitana esté en un Decreto Supremo que fue dictado durante el Gobierno Militar no constituye por sí un hecho que le quite validez o sea una acción antidemocrática o que viola los derechos humanos internacionalmente aceptados y reconocidos como tal, como se pretende sostener y hacer creer al mundo.
No olvides que fue aplicado íntegramente por todos los Gobiernos de la Concertación sin ningún cuestionamiento ni críticas de ningún tipo.
A su juicio, ¿se justifica el empleo discrecional por parte de las fuerzas de orden y seguridad de elementos lacrimógenos y otros compuestos químicos para el control de manifestaciones públicas?
De acuerdo con un estudio realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, la utilización de gases lacrimógenos, por parte de las policías con el objeto de controlar los desórdenes en manifestaciones públicas, está permitido y es utilizado en la mayoría de los países, estableciendo cada uno sus reglas de uso. Estamos hablando de países como Bélgica, Holanda, Francia y Dinamarca por nombrar algunos.
Por ello, no entiendo que algunos pretendan que nuestros Carabineros no las utilicen. El año pasado el Gobierno suspendió su uso por unos días, dejándolos en la más total y absoluta indefensión.
Pasando a otro plano. Usted integra la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, ¿cuál es su valoración del proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional y deroga la ley reservada del cobre? ¿No le parece que esta iniciativa cercena en exceso las atribuciones del poder político, en quien debería recaer la responsabilidad por las prioridades del desarrollo nacional y velar por la equilibrada distribución de los recursos?
Desde mi punto de vista, la derogación de la Ley Reservada del Cobre obedece, más que todo, a una masa crítica que hacía casi imposible su mantención en el tiempo, porque se ha establecido el concepto de que no es transparente, que el fondo no debe depender del cobre y debe ser un presupuesto independiente, discutido y conocido en el Parlamento.
Esta postura bien podría estar contaminada por un sesgo ideológico relacionado con el hecho de que el cobre es de todos los chilenos y que muchos asocian dicha ley con el Gobierno de Augusto Pinochet, lo que es un grave error dado que el financiamiento del material bélico data de una u otra forma de 1938; de hecho la propia ley reservada del cobre de 1958, fue aprobada por el entonces senador Allende.
Su derogación resulta inoportuna frente a momentos en que se discuten situaciones limítrofes, incluso a nivel de La Haya. Modificar la ley, debilita nuestra posición frente a países vecinos, porque ya no tendríamos la seguridad que nos otorgaba un sistema permanente.
La apuesta es un desafío peligroso, ya que cada vez que se discuta el presupuesto de las Fuerzas Armadas se sumarán, en primer lugar, los gastos generales del funcionamiento propio de ella, con los gastos destinados a la compra de material bélico, lo que significará en definitiva una gran cantidad de recursos y el permanente cuestionamiento de los montos, al compararlos con los presupuestos del gasto social como salud, vivienda y otros, lo que será explotado con un sesgo ideológico y caldo de cultivo para un populismo peligroso.
Con la Ley Reservada del Cobre no se mezclaron las inversiones y ello permitió que nuestras FF.AA. se equiparan disuasivamente desde el punto de vista bélico frente a los países vecinos, lo que en el futuro veo complicado.
Un grave error al derogar la Ley Reservada del Cobre es no haber resuelto las deudas de arrastre de las distintas ramas de las FF.AA por aproximadamente 160 millones de dólares cada una, a raíz de que por años no se cubrió la mantención del material de guerra. La pregunta es si con la nueva ley se podrá algún día resolver dichas deudas o no se podrán pagar con el consiguiente perjuicio para nuestro Ejército.
La discusión se ha centrado también, en si este presupuesto será plurianual y la necesidad de que éste se discuta para el futuro año a año, porque los gastos en defensa no se improvisan, se ejecutan en el mediano y largo plazo. Además las capacidades estratégicas deben ir también de la mano con las situaciones geopolíticas y potenciales amenazas a nuestro país.
Rescato el planteamiento de varios diputados, algunos de los cuales son de la Concertación, en el sentido de que otros sectores debieran también contar con un fondo plurianual. A mi juicio, obviamente debiera haber uno en vivienda, porque no es lógico que cada vez que asuma un nuevo gobierno se cambie la política habitacional. También debiera existir un fondo plurianual en salud y en educación, de esa manera habría continuidad en políticas importantes.
En resumen, me sentía mucho más segura con la Ley Reservada del Cobre, pero entiendo que políticamente es imposible mantenerla, siendo mi opción haber acogido las propuestas necesarias para terminar con una ley secreta y hacerla transparente, “sin cambiar el fondo.”
No olvidemos “que el costo de las armas es el costo de la paz”, no el de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas bien equipadas, implica un poder disuasivo que entrega estabilidad y seguridad a nuestro país.
Por último, y en relación al proyecto que establece nuevo Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil, ¿no le parece que se estarían otorgando excesivas facultades a las Fuerzas Armadas en el manejo de emergencias?
No, muy por el contrario. El claro ejemplo está en que si no se hubiera restringido la participación de las Fuerzas Armadas con ocasión del último terremoto, no se hubieran producido los hechos que ocurrieron el 27 de Febrero, incluso evitándolos porque ellas estaban prestas a ayudar a la ciudadanía como siempre lo han hecho. Ese fue el error más grande del Gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet.