La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó, en general, el proyecto de ley del Ejecutivo que regula la actividad del lobby. (Véase relacionado)
La nueva iniciativa, modificó algunas materias que se encontraban contempladas en el proyecto inicial, como por ejemplo, se eliminó la lista de entidades cuyas actividades no se consideraban lobby. Asimismo, se definió toda gestión que represente intereses particulares ante las autoridades públicas y se incorporó aquellas situaciones en que se busque la omisión de un acto o decisión.
Por otra parte, se incorporaron nuevas autoridades a la lista de funcionarios que pueden ser sujetos pasivos de lobby u otros trámites que representen intereses particulares, tales como “los directores regionales de los servicios; los encargados de las adquisiciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y Jefe y Subjefe del Estado Mayor Conjunto; el Fiscal Nacional y Fiscales Regionales; entre otros”.
Finalmente, los integrantes de la instancia de Constitución, valoraron la aprobación de la iniciativa –que se tramita desde el año 2008- porque según indicaron, representa una clara señal política que se quiere legislar sobre la materia, sin embargo, agregaron que es necesario que exista un registro de “lobbistas” que permita que nuestra país se equipare a la fórmula utilizada por los países desarrollados, mediante la delimitación de una línea infranqueable entre los asuntos privados y los públicos.
Vea texto íntegro del mensaje y tramitación.
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