El proyecto de ley, iniciado por mensaje, expone que el actual Gobierno ha concentrado sus prioridades en mejorar “la calidad y equidad en la educación” de todos sus niveles.
Observa luego que dentro de estos objetivos, se encuentra la educación superior, que ha sido objeto de diversas modificaciones que han apuntado a optimizar el financiamiento, las instituciones de educación superior, la calidad y aspectos regulatorios en general. Agrega, que los diversos cambios en materia de educación, establecidos en el programa de Gobierno, se debe principalmente al significativo incremento de alumnos al sistema de educación superior y que “en los últimos treinta años pasó de contar con cerca de 119.000 alumnos a más de 1.000.000, multiplicando asimismo, en más de veinte veces la cantidad de instituciones que lo  conformaban”.
Por otra parte, el mensaje destaca que el existente Sistema de Aseguramiento de la Calidad, tiene como una de sus funciones el licenciamiento de instituciones nuevas, proceso que se encuentra a cargo del Consejo Nacional de Educación. Y adicionalmente, existe la acreditación institucional, que es llevada a cabo por la Comisión Nacional de Acreditación, proceso de carácter voluntario.
Sin embargo, indica que los sistemas de acreditación no buscan ordenar a las instituciones por su calidad o su complejidad, sino que pretenden asegurar que cada una de las instituciones satisfaga adecuadamente estándares que le permitan cumplir con los propósitos que ella misma ha declarado, proyectando en plazos  largos sus misiones y propósitos, reduciendo la posibilidad de que un estudiante ingrese a una institución que en cualquier momento puede deteriorarse e incumplir los compromisos  adquiridos.
Por las razones indicadas, el proyecto de ley propone reformular el Sistema de Acreditación y que quede establecido en la Ley General de Educación y que comprenda la Superintendencia de Educación Superior y el Sistema de Acreditación de Instituciones de Educación Superior, con el objeto de establecer una serie de medidas que fortalezcan la institucionalidad del sistema de acreditación. Entre ellas, se contempla la idea que la Comisión Nacional de Acreditación sea reemplazada por una Agencia Nacional, con un Consejo de cinco miembros y que realice los procesos de acreditación con ciertos estándares. Además, la iniciativa propone una acreditación con una duración  única de seis años, sin perjuicio, que se podrá acreditar provisionalmente por tres años, estableciendo las exigencias que deben subsanarse, o rechazar la acreditación.
Finalmente, las instituciones de educación superior podrán optar por realizar su proceso de acreditación con alguna agencia pública de algún país que tenga un sistema de educación superior consolidado o bien, en el caso de países con sistemas de acreditación descentralizados, con alguna agencia privada supervisada por una organización de carácter nacional; entre otras materias que el proyecto consulta.

Vea texto integro del mensaje.