En días pasados se efectuó el lanzamiento de la Edición Aniversario titulada “Contraloría General de la República, 85 años de vida institucional (1927-2012)”, que recopila artículos de destacados profesores de Derecho Público. En esa oportunidad se presentó además la reedición de las obras publicadas para conmemorar los 50 y 75 años de la creación del órgano contralor.
En tres tomos, de una edición de lujo, la publicación cuenta con trabajos de gran valor académico destinados a ser consulta obligada para abogados, profesores y estudiantes, todos vinculados con distintos temas en que interviene la Contraloría y que permiten observar como han evolucionado las diversas instituciones del Derecho Administrativo chileno.
En su presentación, el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, pone de relieve “La revalorización del ciudadano, en toda su amplia dimensión, titular pleno de derechos frente al Estado”, aunque connota que éste no está “necesariamente consciente de sus deberes”. Luego observa que la realidad actual “exige transparencia y coordinación” en la actuación de órganos y personas lo que constituye un “imperativo de gobernanza efectiva”. Y agrega que es en el “centro de este esfuerzo en donde ubicamos el actuar de la Contraloría. Todo confluye aquí. No somos la administración activa, tampoco la enfrentamos. Difícil rol donde debemos siempre colaborar con los gobiernos y ser socios naturales de las oposiciones. Pero lo que es necesario recalcar es que la Contraloría General de la República, debe siempre emplazarse como el colaborador esencial al logro del bien común del Estado, facilitando el actuar probo, eficaz, eficiente y oportuno de la buena decisión estatal”, sabias palabras de quien conduce quizás al órgano de más alto prestigio institucional en nuestra República.
Probablemente su condición de académico ha influido en la iniciativa del señor Contralor de promover la publicación recientemente presentada, pues como señala es “fundamental para formar profesionales capaces en el ámbito del derecho público que puedan integrarse a la tarea de administrar con conocimiento y con el ánimo de servir eficazmente. No queremos tener una administración activa más fiscalizada sino que una que valore y aplique mejores prácticas”.  

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