El ex senador y ex ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Ricardo Lagos, Ignacio Walker ha señalado en su cuenta de twitter “Si las aberraciones que están siendo aprobadas por algunas comisiones de la Convención son ratificadas por los 2/3 del pleno, habrá que ir pensando en un Plan B que reponga la sensatez y la cordura”.
Si bien la impactante declaración del dirigente DC habla de “aberraciones”, falta de “sensatez” y de “cordura”, el asunto es mucho más grave por cuanto las comisiones de la Convención nos sorprenden día a día aprobando normas que contradicen el mandato que se les ha otorgado y  por tanto, las afirmaciones de Walker, deben entenderse como una alerta a la ciudadanía de la necesidad de intervenir si la Convención en definitiva aprueba normas que traspasen sus atribuciones y no acata el mandato recibido desde el Congreso Nacional, órgano que le dio su origen y legitimidad; mandato ratificado por medio de un plebiscito aprobado por la ciudadanía.
El artículo 135, inciso final, de la actual Constitución, que dio origen a la Convención dispone: “El texto de la Nueva Constitución que se someta a Plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
Pues bien, con verdadero estupor los chilenos estamos día a día comprobando como muchísimas normas aprobadas en el interior de diversas comisiones de la Convención      derechamente no respetan el mandato recibido desde el Congreso, plasmado en la actual Constitución y ratificado en el Plebiscito. Así, numerosas normas aprobadas en las comisiones de la Convención rompen el carácter de República de nuestro país (el termino ni siquiera se mantiene en el texto aprobado en comisión) para crear en su reemplazo un “Estado Plurinacional; destruyen la esencia de un régimen democrático al eliminar la autonomía e independencia del Poder Judicial (que incluso se elimina como tal), crean un Estado y un régimen presidencial todo poderoso, eliminando los contrapesos propios de una democracia; abolen la libertad de expresión de los medios de comunicación; o eliminan libertades ciudadanas fundamentales. También se aprueban normas para revisar por tribunales extranjeros las sentencias dictadas por tribunales chilenos, aunque tengan mérito de cosa juzgada (se dice expresamente) y también varias que desconocen los tratados internacionales vigentes y ratificados por nuestro país.
Así entonces, de aprobarse en el Pleno de la Convención normas que violenten nuestro carácter de República y su régimen democrático, que no respeten las sentencias dictadas por los tribunales de justicia, ni los tratados internacionales vigentes, la Convención caería en flagrante ilegitimidad y sería necesario entonces poner en práctica un Plan B que conjure el peligro totalitario que desde su interior se presenta.
No propondré en estas líneas cual debiera ser el Plan B, pero si quiero señalar enfáticamente que corresponde al Congreso Nacional, que se inicia este mes de marzo, asumir la responsabilidad de diseñar y poner en práctica un Plan B que salve nuestra República y nuestra democracia. El Congreso está plenamente legitimado para declarar la ilegitimidad de la Convención y abrir un nuevo proceso constituyente. Es de esperar que tengan el coraje de actuar. Tendrán un amplio respaldo ciudadano. (Santiago, 11 febrero 2022)