La moción de los diputados Accorsi, Hoffmann, Monckeberg, Pérez, Rubilar, Sauerbaum y Torres, expresa que si bien nuestra Carta Fundamental no hace “referencia expresa a los discapacitados mentales, se puede colegir la existencia de una política estatal protectora en favor de este y otros grupos vulnerables”.
En efecto, existen una serie una serie de disposiciones que los amparan como la Ley N° 18.600 del año 1987, que reguló las primeras normas sobre deficientes mentales, contemplando el rol que debe tener el Estado en los ámbitos de educación, salud, entre otros; así como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que fue ratificada por Chile el año 2008.
Observa luego que las personas que presentan discapacidad mental, en particular mujeres y niños, son los más vulnerables a ser abusados sexualmente, al existir “una situación de desigualdad de poder y control, donde las personas con discapacidad pueden ser más fáciles de manipular y vulnerar, por carecer, en la mayoría de los casos, de posibilidades de denunciar los abusos”.
Con el objeto de proteger a los discapacitados mentales en su bienestar psíquico, proponen introducir diversas modificaciones en el Código Penal, entre otras el incorporar en los delitos de los artículos 366 bis y 366 quáter, como sujeto pasivo del tipo penal a una persona discapacitada mental.
Vea texto íntegro de la moción.
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