El subsidio al arriendo, como parte de la política habitacional, pretende “reducir el déficit habitacional” y así “elevar la calidad de vida de los habitantes” a partir de la generación de una mayor oferta inmobiliaria ajustada a las demandas de cada familia. Pero, ¿qué tanto se ha cumplido ello?
Los resultados de la política habitacional no resultan tan favorables, pues si bien se ha logrado una disminución del déficit habitacional, ha prevalecido una lógica económica de mercado en el MINVU que no ha impactado en la calidad de vida de los beneficiarios: personas con recursos limitados. Principalmente, ya que no se ha desarrollado un enfoque integral de la política pública abocado a las necesidades reales y particulares de los beneficiarios. Así, estas viviendas, construidas en grandes complejos habitacionales (guetos), se encuentran situadas en lugares periféricos con escasa conectividad territorial, bajos niveles de integración social y baja calidad de servicios y bienes públicos.
Específicamente, el subsidio de arriendo de vivienda tiene limitaciones, por ejemplo, en cuanto a la selección y otorgamiento del beneficio para valores acotados de inmuebles, con lo cual viene concatenado la ubicación lejana y la pobre condición del entorno de los mismos por lo que, de acuerdo con Libertad y Desarrollo (2019), no se ha evidenciado una movilidad efectiva hacia viviendas con mejores condiciones reales. Esto motivado por limitaciones que superponen las barreras económicas como la escasez de información, confianza con el arrendador, bajas oportunidades de desarrollo, etc.
Esta lógica económico – mercantil debe ser configurada, ya que la problemática del arriendo comprende mayores causas que la asistencia económica, más bien el enfoque debería entender la vivienda como un derecho. Esto supone la integración de variables como la pertinencia temporal del beneficio hacia familias con menores de edad que perderían la capacidad mejorar su calidad de vida en el futuro sin este beneficio, soporte constante pre y post beneficio, mejor ubicación de la oferta habitacional, participación ciudadana. Ello con el fin de impactar a largo plazo en la generación de externalidades positivas de esta movilidad y así marcar un rumbo más certero en la implementación de la política de arriendo y, por fin, marcar una verdadera justicia social.

Joao Alexander Flores de la Cruz

Estudiante UC – X Ciclo