Con fecha 20 de junio se ha publicado en el medio de prensa El Mostrador, un reportaje sobre la aparente presión ejercida desde la Moneda, para eximir de responsabilidad política y administrativa a las señoras Solange Huerta y Marcela Labraña, y de centrar dicha responsabilidad solamente en la señora Javiera Blanco.
Se desconoce la veracidad de estas presuntas presiones desde la Moneda para eximir de responsabilidad administrativa y política a la alta dirección de la Red SENAME en  lo referente a las conclusiones preliminares de la Comisión Investigadora SENAME CEI 29.
Sin perjuicio de lo anterior, quisiera reiterar mi profunda preocupación por la falta de tipos penales en los delitos de Comisión por Omisión Propia e Impropia y dolosos imprudentes de quienes se encuentran en una posición de garante de derechos, tipos penales que se encuentran  mayoritariamente en toda nuestra América Latina a excepción de Chile.  Aprovecho  también esta oportunidad para expresar mi preocupación por las significativas falencias que presentan los sumarios administrativos que rigen los estatutos administrativos a los que están subordinados, los escasos funcionarios públicos de carrera que cuenta nuestro país, del cual he hecho hincapié a  este honorable Parlamento en  numerosas  oportunidades anteriores.
Es importante señalar que la reciente ley que penaliza el maltrato infantil fuera del ámbito familiar, presenta elementos de omisión parcial y relativa  por parte del legislador chileno, concretamente en relación al deber de denunciar toda forma de maltrato infantil, incluyendo el trato degradante y la falta a la integridad personal por acción y omisión de quienes se encuentren en una posición de garante de derechos y por la falta de un mecanismo Independiente de denuncias y quejas en sede administrativa y penal ante situaciones de maltrato institucional y falta al especial deber de cuidado.
Cabe remarcar que el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, en relación al deber de denunciar,  en caso de  incumplimiento, solo establece  una multa de baja cuantía económica que escasamente se cumple, y los sumarios administrativos no son lo suficientemente efectivos en términos disciplinarios y sancionatorios, por lo que deberían merecen una revisión  inmediata por parte del legislador chileno, para su efectividad jurídica y pleno cumplimiento a los fines por los cuales fueron promulgados.
En previas ocasiones, me he dirigido ante ustedes por escrito, para expresar mi profunda preocupación por la forma en que se está presidiendo la Comisión del Senado, encargada de tramitar los proyectos de leyes en materia de infancia y de los eventuales conflictos de intereses, que podría tener el Senador, Señor Patricio Walker, al tener  a su hermano en la dirección de la Fundación Rodelillo que presta servicios como organismo colaborador de la Red SENAME, y por la naturaleza de las organizaciones de la sociedad civil que están siendo invitadas a la Comisión de Infancia del Senado, que parecen representar los intereses de los  organismos colaboradores  privados de la Red SENAME, o  tener un profundo sesgo religioso- católico,  tales como son  las Fundaciones Hogar de Cristo y Comunidad – Justicia, esta última, parece estar muy  ligada a la libertad de enseñanza y al fundamentalísimo ético  religioso pro vida.
La selección discrecional que la Comisión de Infancia del Senado, presidida por el Senador, Señor Patricio Walker,  hace de las organizaciones  civiles invitadas  a este Comisión, en desmedro de la representación de todas las fuerzas sociales de la sociedad civil chilena que promueven  los Derechos Humanos Convencionales de la Infancia y la Familia en Chile, contradice los Principios de París y las 20  Observaciones Generales del Comité Internacional de los Derechos del Niño.
Para finalizar, les solicito amablemente a todos los honorables parlamentarios chilenos que en la votación final del Informe de las Conclusiones Finales  de la Comisión Investigadora SENAME CEI 29, se tenga en debida consideración la responsabilidad que le cabe a la alta dirección del SENAME, y a los Ministerios  de Justicia, Salud y Educación, y que se haga una debida mención, al altísimo número de adopciones internacionales de niños chilenos a Italia y en menor medida a Francia,  sin contar con garantías de debido proceso, al carecer nuestro país,  de una institucionalidad para la Infancia acorde a la CIDN; máxime que  tales altísimas  cifras de adopciones internacionales, no corresponden con nuestro nivel de desarrollo económico y de índice de desarrollo humano y que hace figurar a Chile, como uno de los mayores proveedores de adopciones internacionales de niños chilenos junto a  Colombia y Perú dentro del contexto  latinoamericano.

Myriam del Canto Segovia
Trabajadora Social Universidad Complutense de Madrid
Integrante de la Red Social Movimiento Nacional por la Infancia
# Plataforma Sin Niños no hay Voto