Recientemente la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó el denominado proyecto “Ley Machuca”, el cual establece que los colegios particulares deben tener una cuota del 30% de su matrícula para admitir a escolares de los cuatro primeros deciles de ingreso, con el objetivo de promover la integración social. La propuesta plantea que esos escolares serán eximidos, totalmente, del pago de los valores que mensualmente se deban efectuar, así como también de las cuotas de incorporación por lo que el costo de admisión correría por cuenta del propio establecimiento. Nuestro país ya vivió una experiencia similar, puntualmente en la década de los setenta con la iniciativa de integración social impulsada por la Holy Cross.
Ahora bien, más allá que el proyecto trate de ser parte de una solución, está lejos de serlo, porque no se hacen cargo del fondo del problema: la mala calidad de la educación pública, aquella que se imparte en establecimientos cuyos estudiantes están insertos en contextos de alta vulnerabilidad social, económica y cultural, justamente los que están en esos cuatro primeros deciles.
Algunas de las interrogantes que surgen en el inmediato son: ¿Porqué gravamos a privados con una carga que corresponde al Estado? ¿Tendrán estos establecimiento la sostenibilidad económica para financiar, en el mediano – largo plazo, esta iniciativa? ¿Qué impacto tendrá, en las vidas de los jóvenes pertenecientes a los primeros cuatro deciles que sean favorecidos? ¿Cómo evitamos que sean objeto de bullying al interior de estos establecimientos, en consideración a la fuerte segregación y desigualdad social latente en Chile? ¿Qué sentirán ellos al volver día día a sus hogares?
Si lo que queremos es, verdaderamente, resolver el problema de inequidad en educación, problema endémico de Chile, esta iniciativa lo que hace es reconocerla y reafirmarla. Por ello la solución es de fondo y no es adecuado seguir generando paliativos que den una ilusión de justicia social y que terminen siendo inviables. Debemos, necesariamente, avanzar hacia un sistema de protección educacional , una verdadera educación pública, desde la educación parvularia a la superior, en el cual nuestras niñas, niños y jóvenes, desde sus primeros años de estudio, cuenten con las mismas herramientas y contenidos de enseñanza que los sectores más favorecidos de nuestra sociedad. Estas acciones, que duda cabe, van de la mano no sólo con la mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje, sino también con mejoras en las condiciones de los docentes, mejoras en la calidad de la infraestructura de los establecimientos, actividades extracurriculares que enriquezcan la formación. Como país tenemos un desafío: dejar de ver la integración social como asistencialismo o "caridad" y avanzar a una mirada integral de derechos, no es sano como sociedad perpetuar la segregación. (Santiago, 26 agosto 2019)