En medio de tanta violencia y crítica intolerante que parece enseñorearse en nuestro entorno, hay cuestiones elogiables y promisorias para nuestra justicia.
La Corte Suprema de Chile ha reiterado esta semana su voluntad de avanzar en la ya exitosa tramitación electrónica, reemplazando el papel por lo digital en la siempre disponible Oficina Judicial Virtual. Ahora los abogados, en parte muy importante de su quehacer, han logrado la ubicuidad, derrotando la distancia, borrando los horarios y  rebajando a su mínima expresión el tiempo, sus presentaciones viajan a velocidad electrónica. El paso siguiente del máximo Tribunal prioriza la incorporación a los procesos de mecanismos de inteligencia artificial (IA), tele trabajo, automatización y, eventualmente, hasta alegatos en video conferencia.
Somos el primer país en tener una Ley de Tramitación Electrónica implementada, sobre la marcha misma de los asuntos judiciales, sin interrumpir las tramitaciones y con pocos sobresaltos iniciales. Lo ocurrido contrasta la opinión sobre que los abogados somos refractarios al cambio y a lo tecnológico, opinión que tal vez se funda en que las normas y regulaciones siguen el devenir social y no lo anticipan; un asunto pasa a tener relevancia normativa y legal cuando ya la sociedad lo ha percibido y valorado, y no al revés. Así, por ejemplo, como reflejo de la creciente valoración cultural, mundial, acerca de la importancia y dignidad de cada ser humano más allá de toda aparente diferencia, se hacen evidentes nuevas necesidades de tutela jurídica y crece el número de los derechos humanos reconocidos como tales, a veces sobre asuntos que hace algunos años no estaban presentes en el  pensamiento colectivo. Cada sociedad, así, incuba su derecho e implementa su tutela con los recursos humanos, materiales y tecnológicos de que dispone. Hoy por hoy, esos recursos, se potencian y modifican en la interconexión global con los avances tecnológicos propios de los tiempos.
Y la tecnología avanza, en sus distintas áreas, a velocidad insospechada, en algunas, el avance es exponencial. Para sopesar un poco el escenario global en marcha se puede señalar, por ejemplo, que antes del 2050 más de la mitad de los empleos estará automatizada. Los problemas de empleabilidad y correspondientes conflictos sociales que eso conllevará son materia de otro análisis.
Diario Constitucional y la Universidad Mayor aplauden la excelente implementación de la Ley 20.886 sobre Tramitación Electrónica y, muy especialmente, los anuncios de incorporación de inteligencia artificial y de robótica en las actuaciones judiciales.
Eso es, a nuestro juicio, la inserción lúcida, oportuna y beneficiosa de nuestra justicia en el cambio de era que nuestros historiadores y sociólogos vienen advirtiendo en la ruta de nuestra evolución como especie, tal vez ya en la frontera, según algunos análisis, de los “ciborgs” o, incluso, del mundo de los llamados “pos humanos”.
Creemos que las tecnologías aportarán certeza y velocidad a muchos asuntos, como el registro y conservación de documentos, el cotejo de pruebas, la revisión y aplicación  de  criterios jurisprudenciales e, incluso, más adelante,  en la construcción protocolizada de sentencias.
En estas últimas, mucho hay de narración objetiva de lo acontecido durante el proceso que, para bien de todos, judiciales y litigantes, puede ser encomendada a la robótica y a la IA, mejorando estándares de objetividad, certeza y prontitud. Debe quedar en manos del juez lo esencial y decisorio, la convicción y la opción jurídica propiamente tal, el componente propiamente humano en el que –suponemos-  ningún algoritmo nos puede competir ni ser homologable. (Santiago, 21 diciembre 2018)