Posiblemente la expresión máxima de poder del Estado, es la eventual privación de libertad de alguno de sus integrantes. Pese a ello, a la hora de ordenar las prioridades poco y nada se refleja en materia presupuestaria o en políticas públicas que aborden en serio lo que ocurre al interior de los penales, particularmente en la rehabilitación y posterior reinserción de la población penal.
Al margen del juicio de valor que se pueda hacer, la última vez que se adoptó una decisión que tuviera impacto real en el funcionamiento de Gendarmería y por consecuencia en nuestro sistema penitenciario, fue el año 2005 cuando partió el proceso de concesiones en esta área. Hoy, 13 años después, con crisis tan profundas como la del incendio en la cárcel de San Miguel, lamentamos un nuevo episodio, que se suma a los cientos de casos sin cobertura, que ocurren en los penales del país, y que nos recuerdan que la realidad penitenciaria vive siempre al borde del colapso.
Luego de la apertura a las concesiones, se han anunciado múltiples proyectos de infraestructura para hacerse cargo del hacinamiento y de modificaciones a la institucionalidad de Gendarmería, que no han prosperado principalmente por falta de recursos y en parte también, por la oposición de los mismos funcionarios que se han resistido a la separación de funciones dentro del servicio.
De cara a la opinión pública, quizás ha faltado agudeza en la autoridad para justificar los recursos necesarios para el cambio, demostrándole a la ciudadanía la directa relación que existe entre el bienestar social y las condiciones penitenciarias. Una persona que se rehabilita por un trabajo bien hecho al interior de una cárcel, es un delincuente menos en las calles cuando recupera la libertad.
Según la experiencia comparada, una buena oportunidad, está en fomentar el trabajo remunerado. Actualmente existen en el país cerca de 20 Centros de Educación y Trabajo (CET) y algunas iniciativas de organizaciones o empresas privadas aisladas, dedicadas a la rehabilitación a partir del trabajo, en un total de 90 penales aproximadamente. La capacidad en plazas de trabajo en su mejor momento no ha superado los 800 puestos, para una población penal de poco más de 110 mil personas, entre quienes se encuentran en regímenes abiertos y cerrados.
Si bien existen casos de empresas privadas que, motivadas por razones altruistas, han decidido contratar a internos e instalarse al interior de los penales, lo natural es que ello no ocurra en forma espontánea. Es el Estado el que debe promoverlo y para ello una buena herramienta puede ser el incentivo tributario.
Las discriminaciones positivas se justifican cuando son acotadas en el tiempo. ¿Qué ocurriría si la contratación de una persona que se encuentre cumpliendo condena e incluso hasta 24 meses después de recuperada la libertad, lleve consigo un crédito contra impuesto de primera categoría, equivalente al 50% de la remuneración del trabajador?
Un interno que trabaja y genera recursos, contribuye a la mantención de su familia, mantiene estable el régimen de visitas, y posiblemente redunde en su radicación futura junto a la misma familia, recuperada la libertad.  Por otra parte, adquiere conocimientos laborales valorados en el exterior, más el crédito impositivo por su empleabilidad, probablemente signifiquen que la persona mantenga el trabajo ya en el medio libre. Con todas sus letras, un círculo virtuoso.
Convencida la autoridad de los beneficios de implementar una política pública de este tipo, tendrá la difícil tarea de explicarle a la ciudadanía, que los cuantiosos recursos destinados a la contratación de internos penales, se justifican plenamente en el marco de programas de rehabilitación y reinserción. Para ello se debe plantear como un eslabón fundamental en las políticas de seguridad ciudadana y de combate a la delincuencia, y no como un deber del Estado (aunque evidentemente lo es), de otra manera, jamás se aprobaría el hecho de que haya incentivos en la contratación de quienes han delinquido y no así para las personas que siempre han actuado rectamente. Difícil misión, pero no imposible con apoyo político transversal y con la determinación de que esta vez, no se va a optar por capear la crisis, sin hacer un cambio estructural. (Santiago, 25 de julio 2018)

Arturo Squella Ovalle

Director

Centro de Derecho Público y Sociedad

Facultad de Derecho y Gobierno USS