En la ceremonia conmemorativa del Golpe de Estado de 1973, el pasado 11 de septiembre, la Presidenta Michelle Bachelet anunció el nombre de la futura Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries Monleón, quien hasta hace un par de meses era la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El nombramiento ha ido seguido de una polémica por la figura elegida por la Presidenta para encabezar el proceso de instlación de la subsecretaría en el Ministerio de Justicia. Obviamente, era de esperarse que se abriera un debate por el paso desde un órgano de control del Estado (Gobierno incluido) a un cargo político de confianza.
Pero este debate no debiera desviarnos de lo central, que es el cumplimiento de importantes desafíos por parte de la nueva subsecretaría. No hay duda que trabajará contra reloj, ya que el Gobierno inexplicablemente ha perdido casi nueve meses en implementar la nueva instancia gubernamental, la que entrará en funciones solo a fines de este año. Es injustificable esta tardanza, ya que la estructura del poder ejecutivo no cuenta, hasta ahora, con una institucionalidad que le permita coordinar medidas sobre derechos humanos.
Las labores centrales que tendrá la Subsecretaria Fries están relacionadas, con aspectos poco desarrollados al interior del aparato gubernamental: coordinación de esfuerzos en materia de derechos humanos. Por ello, contar con una subsecretaria que lidere un Comité interministerial que estará encargado de elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos, es un aspecto clave para desarrollar una política de derechos humanos de largo aliento desde el ejecutivo.
Otro aspecto a evaluar será la coordinación de los esfuerzos de cumplimiento de las obligaciones de Chile en materia de derechos humanos. Es importante que se haya incorporado en este aspecto explícitamente a la sociedad civil y sus demandas en materia de derechos humanos. Ahora será un Ministerio a través de una subsecretaría, la encargada de dicha coordinación, que en ningún caso significa que sea la única instancia gubernamental encargada de la plena vigencia de los derechos humanos ya que esta es una obligación de todo el aparato estatal. Pero tener un Ministerio responsable de coordinar estos esfuerzos es un evidente avance respecto de la actual situación donde “todos son responsables y por tanto, nadie es responsable”. Esto es particularmente relevante para un cumplimiento eficaz de las resoluciones internacionales respecto de Chile, materia en la que nuestro país tiene un déficit de cumplimiento importante.
Mención especial en este sentido es la implementación del Mecanismo Nacional contra la Tortura que está pendiente desde 2009 y que estos años estuvo negociándose, precisamente, entre el INDH y el Gobierno. Veremos si desde la “otra vereda”, la subsecretaria Fries tiene mayor éxito que desde el INDH.
Otro aspecto a destacar es la misión que desarrollará la Subsecretaría en materia de capacitación en derechos humanos. Este es un tema en el que aún nuestro aparato gubernamental demuestra un déficit importante. Será fundamental el liderazgo que tome esta nueva subsecretaria para desarrollar un plan nacional de capacitación en derechos humanos. Los pasos que dio en este sentido desde el INDH son auspiciosos de lo que pueda hacer ahora desde el aparato gubernamental.
Finalmente, un aspecto que merece algunas dudas es el rol que cumplirá el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, particularmente, la Subsecretaría en materia de juicios por violaciones masivas y sistemáticas y preservación de la memoria. Sin duda esta es una materia vital para nuestra sanidad democrática y hasta ahora estaba centrada en el Ministerio del Interior que ha tomado medidas muy discutibles los últimos meses. Al pasarla a la Subsecretaría habrá que estar atentos para que dicho traspaso de funciones en ningún caso signifique un menor compromiso del ejecutivo con la persecución de los crímenes ocurridos en la dictadura. Asimismo, habrá que estar atentos a los esfuerzos en memoria y derechos humanos, para que estos no se transformen en un tema de política partidaria y sigan siendo un tema de Estado.
Como parece obvio, la instalación administrativa de la subsecretaría deberá ser rápida y eficiente, de forma tal de poder enfrentar los temas de fondo en un cortísimo año de trabajo. (Santiago, 14 septiembre 2016)