El 10 de diciembre debiera ser  un día de fiesta. Al menos de aquellos en los que la gente se saluda en la calle con sonrisa franca y abierta. Decir hola al vecino, al chofer de la micro, a la cajera que nos vende el pan, al ejecutivo de cuentas del banco, a la mamá. Y a todo aquél que se nos cruzara.

Décadas lleva celebrándose este día. El día internacional de los DDHH. Nada más y nada menos. Van 64 años en que las Naciones Unidas invitan a conmemorar este día. ¿Pero qué se conmemora?

Se conmemora y debiera derechamente celebrarse una convicción. Y una mundial. En 1948 los estados, la mayoría de ellos reunidos en la Asamblea General del as  Naciones Unidas, manifestaron su certeza y convicción sobre la relevancia que para cada uno de ellos tiene la protección de los DDHH. Nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

¿Qué significa esto? Depende si preguntamos qué significa o qué significó. Significó que la mayoría de los estados dijeron: en menos de 30 años hemos presenciado el horror del que somos capaces, hemos presenciado la masiva crueldad a la que somos capaces de someter a otros, hemos presenciado la enajenación de pueblos cultos, hemos presenciado todo aquello que no debemos jamás volver a presenciar, ni nosotros ni nuestra descendencia. En concreto este convencimiento se reflejó en la Declaración recién mencionada.

Ahora bien, al responder la pregunta ¿qué significa? Debemos decir que esa convicción no fue lo suficientemente poderosa para sortear las diferencias naturales existentes entre los estados. Aún convencidos de los horrores que vieron y vivieron. Y por ello, la Declaración nace como tal y no como norma jurídica vinculante.

Pero debemos afirmar que ha significado y significa un camino constante, permanente, estable, sólido y sin retorno, hacia la protección de los DDHH. ¿Cuáles? Todos. Todos aquellos que se han plasmado en acuerdos jurídicamente vinculantes para los estados: tratados sobre derechos económicos, sociales y culturales, tratados sobre derechos civiles y políticos, sobre eliminación de toda forma de discriminación en contra de la mujer, de prohibición de sometimiento a tortura, desaparición forzada de personas, derechos de discapacitados, sobre derechos de los niños. Y la lista sigue.

Esa convicción no ha significado sin embargo que los estados acuerden la existencia de instancias judiciales universales que puedan conocer de reclamaciones individuales por violación de sus derechos a raíz de actos estatales.

Tenemos por lo tanto a nivel internacional una paradoja: normas jurídicas vinculantes para los estados. Es decir estados responsables internacionalmente en caso de violación de las normas que ellos han ratificado. Pero no contamos con instancias internacionales universales que definan esa responsabilidad y ordenen reparar los daños.

Sin embargo esta convicción ha consistido en cuentas que deben rendir los estados ante órganos de supervisión de cada uno de los tratados protectores de DDHH. Y eso es un avance sustancial. Accountability es esencial en la forma en la que los estados deben conducirse.

Esta Declaración, nacida hace décadas, como un instrumento no vinculante, de la cual se han derivado diversos tratados universales obligatorios, sin instancias judiciales la mayoría de las veces, pero sí con la obligación estatal de  informar periódicamente, es el motor que ha movido naciones, pueblos, líderes, sociedades, comunidades, asociaciones, grupos, personas en este camino sin retorno.

Cada 10 de diciembre debemos saludar a quien se nos atraviese en la calle, trabajo, banco, supermercado, etc. Saludarlo con la convicción que vivimos en un mundo, país, ciudad y barrio mejor del que había hace 60 años atrás. Saludarnos con la convicción que cada vez que hay  violaciones contra la dignidad esencial de cada uno, hay una respuesta. Quizás aún no todo lo efectiva que queremos. Pero sí una respuesta que emana desde la convicción más profunda, que hay derechos, hay valores, cuya protección ahora podemos y debemos exigir (Santiago, 10 diciembre 2014)