En su comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doña Karen Atala se presentó como «abogada, juez y lesbiana», para más adelante reclamar que se le haya estigmatizado por su condición homosexual y acusar al Estado chileno de discriminarla por haberse fallado un juicio de tuición de tres de sus hijas en favor de su ex-marido y padre de ellas.
La sentencia de la Corte Suprema hizo expresa advertencia que no juzgaba la opción sexual que, después de dos matrimonios, la señora Atala había asumido, sino que, llamada a elegir, conforme al interés superior de las hijas del matrimonio y de acuerdo a las declaraciones de testigos directos, le parecía que era el padre quien estaba en mejor situación en ese momento de velar por su desarrollo integral. No obstante, Atala desistió de reclamar más adelante la tuición, ni siquiera lo hizo cuando terminó la convivencia con la historiadora que era su pareja en el momento del juicio, y prefirió ofrecer su experiencia para construir un caso que sirviera como bandera de lucha para reivindicar derechos de las llamadas minorías sexuales. Hasta ahora, con el apoyo de organizaciones nacionales como la UDP, Libertades Públicas y Corporación Humanas, ha conseguido que la Comisión de Derechos Humanos demande al Estado de Chile ante la Corte Interamericana para que se declare que su legislación y sus tribunales de justicia discriminan de manera arbitraria e irracional. La Sra. Atala pide una cuantiosa indemnización para ella y para cada una de las hijas a las que ella, por sí y ante sí, declara víctimas de la decisión.
Pero hasta ahora en todo el proceso, ni en la Comisión ni en la Corte, ha sido escuchada la otra parte del litigio: el señor Jaime López, padre y legítimo representante de las niñas, Su condición de heterosexual en este caso parece haberle jugado en contra, ¿se hubiera cuestionado la decisión de entregarle las niñas si se hubiera tratado de un varón homosexual?.
Representado por un abogado peruano, Jaime López, ha pedido a la Corte intervenir y dar su versión de los hechos, al menos como representante de las menores que aparecen, sin su consentimiento y sin tampoco haber sido oídas, como víctimas por haber sido entregadas en custodia al padre que hasta ahora las ha criado y educado sin que ello haya sido cuestionado por la demandante en los tribunales internos. Sería paradójico que una Corte que juzga si los Estados cumplen con la Convención Americana de Derechos Humanos, niegue este mínimo derecho a quien sin duda será afectado por su decisión. ¿Cómo podría impedir que concurriera en el juicio sin vulnerar el derecho a ser oído en juicio que se consagra en el artículo 8° de la misma Convención?.
Es un buen indicio el que, ante su presentación, la Corte haya pedido que las partes: el Estado de Chile, la Comisión y la Sra. Atala, se pronuncien antes de resolver. Es de esperar que el Estado de Chile apoye la petición de López: se trata de un ciudadano chileno que tiene un legítimo interés en comparecer en la causa.
No puede haber justicia, ni nacional ni internacional, si, cualquiera sea la orientación sexual de los progenitores, se juzga sobre cuidado de los hijos sin escuchar la voz del padre. 

RELACIONADOS
* Objeciones al control de convencionalidad: una reflexión sobre la sentencia Atala…
* Las claves de la sentencia “Atala Riffo y niñas VS. Chile”…
* Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile en caso de jueza Atala…