El día martes 17 de agosto de 2010, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley, que consta de dos artículos, uno permanente y otro transitorio, en virtud del cual se propone establecer como asignatura obligatoria, tanto para la enseñanza pública como privada, a partir de quinto básico y hasta cuarto medio, una materia denominada Educación Cívica y Economía Domestica. Esta iniciativa se contiene en el boletín N° 7137-04.
El proyecto destaca la necesidad de la educación cívica para la adecuada comprensión del sistema democrático y de los derechos y obligaciones que corresponden a cada persona en un Estado de Derecho. Coincido plenamente con tal afirmación. Con todo, quisiera llamar la atención sobre algunas aristas de una decisión tan relevante.
En España, durante los últimos años se ha observado un intenso debate en torno a una iniciativa similar, que fue promovida bajo el nombre de Educación para la Ciudadanía. Ante la promulgación de la ley que la estableció, diversos sectores alzaron sus voces criticando que la enseñanza de contenidos de tal naturaleza implicaría un acto estatal destinado a invadir la libertad individual y que afectaría el derecho de los padres a determinar la educación moral de sus hijos. Tan profundo ha sido el conflicto que durante el año 2010 el caso llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Dicha discusión pública, pone de manifiesto que la enseñanza de la Educación Cívica importa la transmisión de valoraciones específicas e imprescindibles que conforman la ética pública. Aquello demanda que los contenidos impartidos por esta vía sean determinados, al menos en sus bases, por la vía más democrática posible.  Y es justamente en este plano donde el proyecto de ley sobre Educación Cívica y Economía Domestica comete, a nuestro juicio, un gran error, pues en su disposición transitoria establece que los contenidos de dicha asignatura serían definidos por el Ministerio de Educación.
Si bien, aquella es la forma en que habitualmente podrían definirse los contenidos de otras asignaturas escolares obligatorias, resulta evidente que no tiene el mismo impacto ni compromiso axiológico enumerar las fórmulas matemáticas que han de ser enseñadas, que determinar cuáles son los conceptos de Democracia, Estado de Derecho o Derechos Fundamentales, que debemos transmitir a las nuevas generaciones. Por lo tanto, estos últimos no pueden ni deben ser fijados por decreto. Luego, no obstante lo valioso de la iniciativa, mientras aquella disposición transitoria no se modifique, el proyecto sería, a nuestro entender, inconveniente e incompatible con una sociedad pluralista.

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