Con fecha reciente la Corte Suprema conociendo la apelación interpuesta contra una sentencia denegatoria de un recurso de amparo, dictó un fallo revocatorio que contiene considerandos que, a nuestro parecer, merecen destacarse.
En primer lugar,  junto con reconocer a la acción constitucional un amplio espacio tutelar, precisa su alcance en relación con el amparo que prevé el Código Procesal Penal: “3º Que, la acción de amparo, en cuanto persigue vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en lo concerniente a la privación o amenaza de atentados contra la libertad personal y la seguridad  individual, es también un instrumento eficaz para el control de las resoluciones que emitan los tribunales de justicia que pongan en riesgo dichas garantías”.
“Surge, entonces, la presente acción constitucional como el remedio adecuado y oportuno para poner fin a los actos y decisiones  que afecten o amenacen tales derechos, cuando en dichos dictámenes aparezca de manifiesto y sea ostensible que los antecedentes que le sirven de fundamento no se corresponden con el ordenamiento jurídico vigente”.
“Confirma este aserto, lo dispuesto en el Párrafo 4º del Título IV del Libro I del Estatuto Procesal Penal, que al regular el amparo ante el juez de garantía dispone que: “si la privación de libertad hubiere sido ordenada por resolución judicial, su legalidad sólo podrá impugnarse por los medios procesales que correspondan ante el tribunal que la hubiere dictado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República”. De modo tal que la presente vía constitucional siempre resulta procedente, cuando se afecta la libertad personal con infracción a lo establecido en la Constitución y las leyes”.
Sin duda, el fundamento transcrito  constituye un valioso aporte a la comprensión del “hábeas corpus”, arbitrio que ha adquirido extraordinaria relevancia por su eficacia, en la praxis del nuevo proceso penal, de sesgo manifiestamente garantista.
Seguidamente, el fallo precitado reitera la doctrina que originariamente se incorporó  en las sentencias  roles  Nº 2.874-09 y Nº 4. 294-09 donde se resolvió que el  pronunciamiento de una Sala de la Corte de Apelaciones no inhabilita a los demás integrantes del tribunal, de suerte que aquella opinión sobre el  asunto  sólo alcanza  a quienes la suscribieron.
De esta suerte, considera el Tribunal: “…en la especie se ha hecho una errónea interpretación de la ficción legal contenida en el artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales relativa a que cada sala encarna a la Corte toda. En efecto, el tribunal de alzada de Concepción –competente natural en esta materia- ha errado en su declaración de inadmisibilidad, debido a que, como se dijo, el pronunciamiento anterior de una de sus salas representa a todos los miembros de ese Tribunal.
“5º.- Que no obstante, lo cierto es que el simple hecho de emitirse por una de las salas de la Corte una decisión sobre determinada materia no impide impugnar su pronunciamiento por esta vía cautelar, de rango constitucional ni constituye causal de inhabilidad respecto de los demás integrantes del tribunal ya que estas últimas son de carácter personal y no corporativas, y se encuentran expresamente señaladas en la ley, de manera que aquella opinión sobre el asunto sólo alcanza a quienes la suscriben.”
Si bien en principio esta doctrina del Tribunal Supremo parece  vigorizar la eficacia y autonomía de la acción de amparo –lo que por cierto es positivo-, lleva implícita, sin embargo, un serio riesgo: la emergencia de resoluciones contradictorias dentro del mismo órgano corporativo –lo que como también es obvio- atenta gravemente contra el valor de la seguridad jurídica.
Como siempre acontece, será la “praxis” la mejor pauta para respaldar o rechazar un cambio jurisprudencial.