Por Carlos Ignacio Uauy Quirós (*)
Introducción
El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad conocida como Covid-19, continúa extendiéndose por el planeta y ya ha infectado a más de 12,7 millones de personas en todo el mundo, mientras que la cifra global de decesos alcanza los 566.000[1].
En este contexto, la mayoría de los ordenamientos jurídicos democráticos en el mundo contemplan supuestos de excepción constitucional ante situaciones imprevistas o de emergencia como desastres naturales, conflictos bélicos, grandes conmociones sociales, epidemias, entre otros. Estos supuestos excepcionales suponen, entre otras posibles consecuencias, poderes también excepcionales a favor de los gobernantes en materia de restricción de derechos fundamentales, seguridad, presupuesto público, medidas sanitarias, regulación del mercado, control fronterizo, entre otros. También suponen facultades especiales para las fuerzas armadas y policías.
De esta manera, van surgiendo en el mundo una serie de tensiones entre los principios de seguridad y libertad que, en algunos casos, cuando gobiernos usan desproporcionadamente sus facultades de control, o dictan medidas que ya no están destinadas a cumplir un fin legítimo, pueden poner en riesgo a democracias que no lo suficientemente sólidas. En palabras de Paloma Llaneza[2], el debate sobre renunciar a derechos fundamentales en pos de un aumento de la seguridad (sanitaria, en el caso de la actual pandemia de coronavirus) es una "tensión clásica" en las democracias. "Antes de cargarnos un derecho fundamental por miedo, como pasó en el 11S, lo que tenemos que intentar es que los servicios de salud funcionen correctamente. Hay que tener mucho cuidado en el equilibrio entre la seguridad y la libertad.
Por consiguiente, es necesario ahondar un poco más respecto a cuáles son los límites y riesgos a los que se ven enfrentadas las democracias modernas en un contexto pandémico de una magnitud que hace mucho tiempo no vivía la humanidad.
1) Limitación derechos civiles y políticos, el cerco de lo admisible.
En este contexto, resulta razonable que, con el fin de contener el avance de la pandemia, cada Estado determine medidas que son esencialmente restrictivas. Así, es de toda lógica que una consecuencia ineludible sea la limitación del ejercicio de derechos civiles y políticos en un marco de excepción constitucional definido en el tiempo. A modo de referencia, La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, el instrumento universal que cubre a individuos y libertades civiles y derechos socioeconómicos, en su artículo 29 establece limitaciones proporcionales en tiempos de emergencia por “moralidad, orden público y bienestar general en una sociedad democrática”.
Dentro de los derechos limitados que rápidamente se nos vienen a la mente, están las libertades de tránsito, reunión y trabajo. De esta manera, un test rápido y abstracto respecto a lo adecuadas, proporcionales e idóneas que son estas restricciones, nos harían llegar a la conclusión que todas estas medidas van en la dirección de que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la vida y la integridad física de las personas. Sin embargo, estas delimitaciones nos hacen reflexionar respecto a su techo. Es decir, ¿hasta qué punto somos capaces de restringir nuestras libertades para proteger la vida? O, mejor dicho, ¿en qué momento estas restricciones pasan a ser desproporcionadas y se manifiestan más bien como un abuso de poder por parte de la autoridad?
Al respecto, para intentar encontrar el lugar donde debe ir el cerco de lo admisible en una democracia, es preciso tener en cuenta un distingo entre el mundo occidental y oriental. Cabe señalar que esta división es meramente una caricaturización del mundo y no considera las complejidades particulares dentro de ellas. Así, en occidente pareciera ser que los ciudadanos tienen una menor disposición a ceder libertades, mientras que, en el mundo oriental, los ciudadanos admiten mayores restricciones a sus libertades individuales.
Sin perjuicio de lo recién mencionado, existen ciertos límites que constituyen directrices que todos los países debieran respetar. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha señalado que “Los bloqueos, las cuarentenas y otras medidas similares para contener y combatir la propagación del COVID-19 siempre deben llevarse a cabo en estricta conformidad con las normas de derechos humanos y de una manera que sea necesaria y proporcional al riesgo evaluado, pero incluso cuando lo sean, pueden tener serias repercusiones en la vida de las personas”[3].
Según lo recién citado, conforme la pandemia ha ido avanzando, encontramos situaciones que son, a lo menos dudosas, en relación con las libertades individuales. Por ejemplo, tenemos la situación de vigilancia masiva es el uso del reconocimiento facial en China. Así, consta de algunas declaraciones que, en dicho país, la policía se ha presentado en casas de ciudadanos para pedirles una cuarentena de dos semanas cuando los agentes identificaron sus automóviles circulando cerca de una ciudad foco de infecciones. Luego, tras 12 días, se han vuelto a poner en contacto con estas personas para comunicarles que han sido identificados en las calles por una cámara de reconocimiento facial, a pesar de que contaban con mascarillas. Asimismo, en China y en otros países de oriente han desarrollado aplicaciones que cruzan datos de los contagiados con su geolocalización, para seguir el rastro epidemiológico del virus. ¿Sería esto tolerado por ciudadanos de democracias occidentales?
En definitiva, pareciera ser que la barrera de lo admisible debe ser analizado en cada caso en particular, sin perjuicio de que es importante tener en consideración los principios y estándares de DD.HH, y los contrapesos a poderes excepcionales que constitucionalmente pueden concentrar los gobernantes, los cuales pueden ser legislaciones, la libertad de expresión y de prensa y el acceso a la información pública, que, según David Lovatón Palacios[4] “no forman parte de la lista de derechos fundamentales que pueden ser restringidos o suspendidos durante estos supuestos de excepcionalidad”.
Por último, ha quedado de manifiesto en la historia de las democracias que otro contrapeso clave para equilibrar estos poderes excepcionales es el control judicial que puede ejercerse en la mayoría de las democracias occidentales sobre la actuación de las fuerzas del orden o sobre las medidas que adopten algunos gobernantes y que, pese al estado de excepción, pueden resultar contrarias a la Constitución o a estándares internacionales en materia de derechos humanos. A modo de ejemplo, está el caso del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que invalidó un decreto de Bolsonaro que restringía el acceso a la información pública en esta coyuntura o que emitió una medida cautelar ordenando a la Presidencia de la República que aclare las medidas que el gobierno federal viene adoptando para cumplir las medidas de prevención y mitigación recomendadas por la OMS.
2) Formas de afrontar crisis económica y amparo de la democracia.
Es evidente que, dentro de los efectos relevantes de la pandemia, están las consecuencias económicas que ella conlleva. Pues bien, precisamente la historia ha dado innumerables ejemplos de cómo algunas democracias tambalean frente a crisis económicas. Un ejemplo de ello es la crisis económica del 2008, que en palabras del profesor Antoni Aguiló Bonet[5], “…puso de relieve las insuficiencias y limitaciones de la democracia representativa liberal, haciendo más fuerte el deseo colectivo de impulsar transformaciones y promover valores que permitan superarlas…”. Por consiguiente, surge la duda respecto a qué modelo o forma es el más idóneo para afrontar las crisis económicas y, en consecuencia, resguardar la democracia.
En ese marco, están quienes creen en un rol activo del Estado, explicando que el sector privado no tendría las respuestas para afrontar estos fenómenos. El mismo autor aduce que “La globalización ha producido un alto grado de transferencia de soberanía a actores políticos no estatales, en concreto a los mercados financieros”. Es decir, de las palabras del autor, se desprende que aboga por la preponderancia del rol estatal como modelo político, económico y social. Precisamente este ha sido un punto que ha ocasionado impacto en las discusiones sobre el modelo económico en el contexto de la pandemia que atraviesa el mundo entero.
Por otro lado, están quienes opinan que el Estado no debiera inmiscuirse, o entrometerse lo menos posible en esferas económicas que comprenden incluso el consumo básicas para la vida, como lo son los servicios básicos. En este sentido, Libertad y Desarrollo ha tildado alguno de los proyectos de ley que van en esa dirección como populistas. A modo de ejemplo, el proyecto que impedía el corte de suministros básicos a causa del no pago, LyD[6] ha indicado que “La iniciativa adolece de importantes defectos y puede generar efectos perjudiciales que deben ser evaluados antes de continuar perseverando en ella, sobre todo en un escenario en que las empresas involucradas han llegado a un acuerdo con el Ejecutivo para idénticos fines, y sin incurrir en las falencias de las que adolece el proyecto de ley”. De esta manera, queda de manifiesto como quienes argumentan de esta manera, están por integrar la relación público – privada, sin coaccionar a las empresas en estas materias.
En definitiva, independiente del “modelo” o la fórmula que se utilice para hacer frente a la crisis económica producida por la pandemia, queda de manifiesto que es indispensable que las medidas que se vayan tomando en esta materia tengan siempre como premisa, el respeto por el Estado de derecho y la democracia como estandarte de las sociedades modernas, con el fin de minimizar la probabilidad de que ciertas democracias se vean mermadas ante una crisis económica global.
3) Surgimiento de populismos y necesidad de transparencia.
Finalmente, otra arista que pareciera ser relevante en tiempos de pandemia y su afectación a la democracia, es el surgimiento o reforzamiento de populismos. Al respecto, el profesor Steven Livetsky dice que los gobiernos populistas han tenido las peores respuestas ante la crisis sanitaria. Explica que Bolsonaro en Brasil, López Obrador en México, Trump en Estados Unidos y Erdogan en Turquía, basan su discurso en contra del establishment a los expertos y a la elite, lo cual lleva a la ruina en el caso de una pandemia al rechazar el consejo de los científicos y los técnicos es muy peligroso[7].
Ante estos surgimientos o reforzamientos de populismos, el medio “DW”[8] hace referencia a un estudio de Investigadores de la Universidad de Münster, que han examinado más de cerca cómo funcionan las teorías de conspiración de ultraderecha en tiempos de la pandemia de coronavirus. De enero a marzo de 2020, analizaron alrededor de 120.000 publicaciones de Facebook de varios medios alemanes. Su conclusión fue que, con la amplia oferta de información sobre el virus de los periódicos y cadenas, también aumentó el número de noticias o aportaciones en los llamados "medios alternativos", es decir, en publicaciones de ultraderecha que quieren diferenciarse de los medios establecidos y de las élites políticas, lo cual viene a demostrar que, efectivamente, existe una intención positiva de desmentir o, al menos cuestionar sin mucha base científica, a los expertos en el tema.
Por otro lado, la fundación española “hay derecho”[9] aduce que ante una emergencia como la que estamos viviendo actualmente la información es uno de los bienes más preciados. En este sentido, explica que el hecho de tener una población correctamente informada en este tipo de situaciones no solo ayuda a entender y cumplir las medidas de confinamiento, sino que, además, es una manera de desincentivar bulos o noticias falsas y, ante todo, de tomar las decisiones más adecuadas para frenar cuanto antes el virus.
Enseguida, esta fundación recalca la importancia de una democracia donde los procesos de toma de decisiones sean transparentes y en base a evidencia empírica y datos comprobables que además deben de facilitarse a la población para facilitar la rendición de cuentas. Así, agrega que, precisamente en estos momentos de crisis, la existencia de unas buenas prácticas de transparencia y coordinación de datos resulta imprescindible y queda patente si el sistema construido hasta la fecha puede responder a las necesidades actuales.
En conclusión, pareciera ser que las sociedades tienen un deber frente a transparencia, toda vez que una población correctamente informada estará más concienciada y dispuesta a seguir las duras medidas de confinamiento que se han impuesto, pues entenderán que son proporcionales y que cumplen un fin legítimo. Así, consecuencialmente, nos encontraremos con democracias robustas que, si bien no son ajenas al contexto pandémico, pueden estar preparadas para no ver en riesgo su existencia en virtud de estos populismos.
(*) Investigador Diario Constitucional
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* Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a garantizar la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto de la pandemia de COVID 19…
[1] https://www.rtve.es/noticias/20200712/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml
[2] https://www.eldiario.es/internacional/medidas-coronavirus-efectivas-podrian-espana_1_1030720.html
[3] https://news.un.org/es/story/2020/03/1470701
[4] https://dplfblog.com/2020/04/06/america-latina-derechos-civiles-y-politicos-en-tiempos-de-pandemia/
[5] https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4273374.pdf
[6] https://lyd.org/wp-content/uploads/2020/04/tp-1441-pdl-covid-.pdf
[8] https://www.dw.com/es/populismo-pand%C3%A9mico-en-tiempos-de-coronavirus/a-53236830
[9] https://hayderecho.expansion.com/2020/04/18/la-transparencia-se-resiente-en-tiempos-del-coronavirus/.