El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el día 7 de abril de 2020, que ha llegado a un acuerdo con Taiyo International Inc. (Taiyo), una filial íntegramente propiedad de Taiyo Kagaku, cuya sede está en Japón, que desarrolla, produce y vende distintos ingredientes farmacéuticos y de alimentos. El acuerdo resuelve una afirmación que Taiyo tomó represalias contra una aspirante, en contra de la disposición antidiscriminatoria de la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).
“Los empleados y aspirantes deben tener la posibilidad de vocalizar sus preocupaciones acerca de la discriminación sin ser sujetos a represalias que podrían disuadirlos a ellos y a otros de hacer valer sus derechos”, afirmó el Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles, Eric Dreiband. El Departamento valora la cooperación de Taiyo que ha acordado ofrecer pagos retroactivos a la ciudadana estadounidense afectada y tomar medidas para asegurar el cumplimiento con la ley.
Con base en su investigación, el Departamento concluyó que Taiyo había rescindido una oferta de trabajo que había extendido a una ciudadana estadounidense naturalizada como represalia por sus denuncias de discriminación. El Departamento determinó que, durante las tres entrevistas de la aspirante, los empleados de Taiyo le hicieron preguntas impropias en repetidas ocasiones acerca de su nacionalidad de origen, estatus de ciudadanía, cuándo se naturalizó y sus documentos válidos de autorización para trabajar. Después de que Taiyo le ofreció el trabajo, la aspirante envió un correo electrónico a los entrevistadores quejándose que el trato que había recibido fue discriminatorio y Taiyo inmediatamente rescindió la oferta de trabajo.
La disposición antidiscriminatoria de la INA prohíbe que los empleadores discriminen a empleados durante el proceso de contratación por motivos de su nacionalidad de origen, estatus de ciudadanía o estatus migratorio. Asimismo, la ley prohíbe que los empleadores tomen represalias contra trabajadores porque estos se hayan opuesto a una conducta ilícita por parte del empleador o a cualquier otra conducta que ellos crean que constituye discriminación ilícita.
Conforme a los términos del acuerdo conciliatorio, Taiyo pagará una sanción civil por la infracción, ofrecerá pagos retroactivos más intereses que se ascienden a un total de 10.400,00 dólares a la trabajadora, publicará notificación para informar a los trabajadores de sus derechos en virtud de la disposición antidiscriminatoria de la INA, capacitará a su personal y se someterá a la supervisión del departamento durante tres años.
La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados (IER, por sus siglas en inglés) es responsable de hacer cumplir la disposición antidiscriminatoria de la INA. Entre otras cosas, la ley prohíbe que se discrimine a individuos que cuentan con la debida autorización para trabajar con base en su estatus de ciudadanía y nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión; las prácticas documentales injustas; las represalias o la intimidación.
Vea texto íntegro del comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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