En las próximas semanas, la Comisión de Educación continuará con las audiencias para analizar los proyectos- originados en mociones refundidas- sobre educación sexual en los establecimientos educacionales, mociones 12.955, 12.593, 12.542 y 11.710.
Para lo anterior, los diputados del órgano legislador escucharán en su sesión del 2 de marzo, en una primera etapa de la sesión, a la psicóloga Vinka Jackson; al director ejecutivo de la Corporación Comunidad y Justicia, Álvaro Ferrer; a la directora ejecutiva de la Unidad de Ministerios Infantiles y Adolescentes de Chile (UMICH), Carol Espinoza, y a la investigadora en sexualidad y género, Claudia Moreno.
En la segunda parte de la reunión, se recibirá a la facilitadora de educación de la Red Evangélica de Unidad Nacional (REDUN), Carolina Gárate; al equipo coordinador de Chile Marcha por la Vida y la Familia; al presidente del Movimiento de Integridad y Liberación Homosexual(Movilh), Gonzalo Velásquez; al gerente general y al director académico del Centro de Educación Sexual Integral (CESI), Pablo Osses, y Daniel Seguel, respectivamente.
En la tercera parte de la sesión, los diputados escucharán a la presidenta y vocera del movimiento “Con Mis Hijos No Te Metas”, Ingrid Bohn; a la psicóloga forense y analista independiente, Margarita Rojo; a la presidenta del Ministerio Cristiano Comunitario Somos Padres, Elizabeth Rivera; y al director de la Agrupación CONFAMILIA, Esteban Barahona.
Los diputados también escucharán a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y a la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
Cabe recordar que los mencionados proyectos se encuentran en primer trámite constitucional y fueron presentados por diputados de diversos partidos políticos. En general, buscan establecer un marco normativo en materia de educación sexual y afectiva, entendiendo que se trata de un derecho humano cuyo titular son los niños, niñas y adolescentes.
En dicho contexto, se establece que este tipo de educación sea obligatorio desde el nivel parvulario; se fijan principios rectores, objetivos y los contenidos mínimos; y se insta a una actualización de la normativa actual, con los estándares internacionales de los derechos humanos y trasladando su regulación desde el ámbito de la salud al de educación.
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