En fallo unánime, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de San Miguel, que rechazó la acción de protección deducida contra de la Municipalidad de La Cisterna, por la negativa revocar un decreto con el que se sancionó al recurrente por acusaciones que fueron posteriormente desestimadas.
En el escrito, se señala haber recurrido de acción de protección en contra de Municipalidad de La Cisterna, por su negativa a revocar el Decreto Exento N° 91 de 2013, que le aplicó al recurrente la sanción disciplinaria de destitución de la Municipalidad por una investigación de Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en la obtención de subsidios habitacionales, irregularidades que fueron posteriormente desestimadas por la justicia, Contraloría y el SERVIU Metropolitano. Señala que sólo Municipalidad de La Cisterna se negó a acatar los dictámenes de la Contraloría General de la República, negándose a restituirle sus derechos conculcados.
El recurrente estimó infringido las garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 3.
En su sentencia, el máximo Tribunal indicó que, la respuesta negativa a la solicitud del recurrente de modificar la sanción de destitución del mismo por la de suspensión de 3 meses de su cargo con goce del 50 por ciento de su remuneración, la subsecuente reincorporación al mismo y con el pago de todas las prestaciones laborales y previsionales desde la fecha de su destitución, no es un acto ilegal ni arbitrario.
En vista de lo anterior, se concluyó que, se confirmó la sentencia apelada.
Vea textos íntegros de la sentencias de la Corte Suprema en causa Rol N° 7649-2019 y de la sentencia de la Corte de San Miguel en causa Rol N° 529-2019.