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Proyecto de ley modifica la Constitución para permitir el pago anticipado de pensiones contratadas en modalidad de renta vitalicia.

Debido a las consecuencias ocasionadas por el covid-19.

11 de septiembre de 2020

La Moción, patrocinada por las Diputadas y Diputados Durán, González, Ilabaca, Jiles, Marzán, Rocafull, Santibáñez, Sepúlveda y Silber, propone reconocer constitucionalmente el derecho de los afiliados al sistema privado de pensiones regido por el Decreto Ley 3.500 de 1980, que se hayan pensionado bajo alguna modalidad de Renta Vitalicia a solicitar, por única vez y de forma excepcional, un pago anticipado de sus rentas para mitigar los efectos del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, el que será descontado a prorrata de la totalidad de los montos de pensión por pagar al asegurado en base a la Tabla de Mortalidad vigente.
El proyecto señala que la crisis económica de carácter mundial ha afectado particularmente a nuestro país, donde además el nivel de contagios por habitante resultó ser de los más altos del mundo. Las personas mayores son el sector más desvalido y postergado, quedando fuera de las ayudas del gobierno y de la posibilidad del retiro de los fondos previsionales. Acorde a la Superintendencia de Pensiones existe aproximadamente un 45% del universo de personas pensionadas en el sistema actual que al momento de “decidir” su modalidad de pensión “optó” por el de Renta Vitalicia, donde se realiza un traspaso de los fondos de los afiliados a las compañías aseguradoras con las que se contrata y, estas se obligan a pagar de forma mensual una pensión determinada en base al contrato que realizan con los afiliados. El que puedan acceder al pago anticipado puede ser una solución para la crisis económica que están sufriendo actualmente.
A fin de cumplir con el objetivo, la iniciativa propone que los pensionados puedan solicitar un pago anticipado de sus rentas de hasta 150 UF, con un mínimo de 35 UF, el que será descontado a prorrata de la totalidad de los montos de pensión por pagar al asegurado calculados en base a la Tabla de Mortalidad vigente elaborada en conjunto por las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.

Vea texto íntegro del Boletín Nº13764-07.

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