El Instituto Nacional de Derechos Humanos publicó su cuarto Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile, correspondiente al año 2018, que busca realizar un diagnóstico del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en la privación de libertad.
Para la realización del estudio, se monitoreó 36 cárceles del sistema cerrado de Gendarmería de Chile, en 10 regiones del país, además de levantar estadísticas generales sobre la situación carcelaria a nivel nacional, lo que permitió detectar condiciones de habitabilidad totalmente insuficientes y que no se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos en relación a las personas privadas de libertad. Algunos recintos penitenciarios cumplieron las condiciones mínimas de habitabilidad, hay otros que presentan importantes carencias en servicios higiénicos, acceso al agua, acceso al agua caliente, higiene y acceso a una cama.
Sobre el acceso a la salud, solo hay médicos disponibles en 15 cárceles con diferentes cantidades de horas semanales, con un menor número de cárceles con odontólogos, enfermeras y matronas. Ahora bien, en todos estos recintos existen paramédicos pero que no están disponibles las 24 horas del día. El estudio destaca que el uso de celdas de castigo o de aislamiento persiste, fuera de todo estándar internacional de derechos humanos, y al mismo tiempo, se mantiene la práctica de castigo físico o psicológico.
En cifras, el estudio señala que el 50,5% de las cárceles en Chile tienen un porcentaje de ocupación superior al 100%; dentro de las cuales un 22,9% presenta un nivel de hacinamiento crítico sobre el 140% de ocupación. Sobre la población penitenciaria el 7,1% son de nacionalidad extranjera, distribuidos en un 80,6% hombres y 19,4% mujeres; porcentaje que aumenta en el norte del Chile.
Ante esta crítica situación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), realizó una serie de recomendaciones para Gendarmería de Chile, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Obras Públicas, entre las cuales se destacan:

• Tomar medidas urgentes para abordar la sobrepoblación y hacinamiento en los establecimientos penitenciarios.
• Eliminar completamente y dejar de utilizar las celdas de castigo y/o aislamiento como sanción disciplinaria.
• Adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de los internos/as a acceder a una cama individual, incluyendo catre, colchón ignífugo, frazadas y sábana.
• Garantizar el acceso de las personas privadas de libertad a instalaciones sanitarias y a agua potable de forma permanente.
• Mejorar los procedimientos de distribución y entrega de la comida de manera que se proporcione suficientes cubiertos y platos o bandejas a toda a todas las personas privadas de libertad para el consumo de la comida y disminuir las horas que transcurren entre la última comida del día y la primera del siguiente.
• Asegurar que toda persona privada de libertad tenga atención de salud, tanto física como mental, en toda cárcel del país.
• Terminar con las sanciones extra reglamentarias, que afectan la integridad física y psicológica de las personas privadas de libertad, e insta a revisar con urgencia la forma de aplicación de las sanciones.
• Modificar los procedimientos de revisión de visitas, de manera que se mejore el trato a estas, se hagan más digna las condiciones de ingreso de forma que no impliquen revisiones corporales manuales intrusivas, desnudamientos totales o parciales, o registros íntimos atentatorios contra la dignidad personal y la privacidad, tanto en adultos como en niños/as y adolescentes.

Vea texto íntegro del Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile 2018.

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