Se dirigió a la Contraloría General de la República, las diputadas Natalia Castillo Muñoz, Karol Cariola Oliva y Pamela Jiles Moreno, y los diputados Luis Rocafull López y Raúl Soto Mardones, solicitando que se pida cuenta al Ministerio de Desarrollo Social y Familia de los actos realizados en relación con los resultados del servicio contratado para el conteo a nivel nacional de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, licitación pública ID N° 711841-29-LQ18, a fin de verificar el cumplimiento de los estándares a que aluden y de la adopción de medidas de protección de los menores encuestados.
Requerido su parecer, el referido ministerio informó respecto de cada una de las materias mencionadas en la presentación en estudio, lo que se sintetiza a continuación. Señala que en la especie se dio cumplimiento a la normativa nacional e internacional aplicable a la materia; que la encuesta no se realizó con información nominada de los involucrados, garantizando la confidencialidad; que en los respectivos protocolos éticos y metodológicos se establecieron procedimientos para aquellos casos en que se detectaran evidentes problemas de salud física y mental, develación de abusos, delitos flagrantes por parte de otras personas y otras situaciones que requirieran de una derivación o atención inmediata. Añade que la institucionalidad referente a la intervención de niños, niñas y adolescentes en situación de calle operó plenamente durante el desarrollo del contrato en comento. Además, especifica las medidas adoptadas por ese ministerio con motivo de los resultados del estudio.
Al respecto, el ente contralor adujo que, de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que la institución de educación superior contratada dio cumplimiento a las exigencias contenidas en el respectivo pliego de condiciones, tanto en lo referente a las actividades que debía realizar como en la elaboración de los productos comprometidos. Cabe añadir que no existen antecedentes sobre vulneraciones a la confidencialidad y al tratamiento de los datos recopilados.
Luego, el órgano fiscalizador expresó que, en lo referente a la eventual omisión de denuncia de delitos de que se haya tomado conocimiento durante el desarrollo de la consultoría, es preciso consignar que el servicio informa que se establecieron códigos éticos y metodológicos para los casos en que durante el estudio se detectaran hechos de esa naturaleza, situaciones en las cuales se debían activar las redes de contacto y derivación con el Servicio Nacional de Menores, Carabineros de Chile, centros de salud y otros. Agrega que en la ejecución del estudio no se efectuaron denuncias, dado que no se constataron situaciones definidas en los protocolos.
Finalmente, Contraloría adujo que, en consecuencia, corresponde que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia informe a la División Jurídica de esta Contraloría General, dentro del plazo de 30 días contado desde la recepción de este pronunciamiento, acerca del estado de desarrollo en que se encuentra el diseño de la política pública multisectorial que abordará la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y su familia, a que alude en su informe.