En forma unánime, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique y acogió el amparo interpuesto por ciudadana cubana contra Intendencia Regional de Tarapacá y Policía de Investigaciones de Chile por haber decretado su expulsión del país al haber entrado por un paso no habilitado.
En su escrito, la parte recurrente arguyó que el 2 de octubre de 2018, ingresó al país, comenzando su relación de convivencia con un chileno, con quien convive desde el 7 de noviembre de 2018, fecha desde la cual han permanecido juntos y planean su vida en común en Chile. Refirió que desde que comenzó su relación con su pareja, desarrolla labores no remuneradas en el domicilio que comparten, lo que obedece a su situación migratoria. Asimismo, sostuvo que su pareja cuenta con la estabilidad laboral suficiente para sostener económicamente el hogar en común. Agregó que es afiliada de la Isapre Banmédica, puesto que su pareja la incorporó como carga beneficiaria y paga su plan de salud mes a mes, empresa donde le habrían ofrecido un trabajo una vez que regularice su situación. Razones por las que, si bien entró por un paso no habilitado, la resolución de expulsión carecería de proporcionalidad.
En su sentencia, la Corte de Apelaciones de Iquique indicó, en síntesis que, como se aprecia de la situación fáctica de la amparada y de la normativa referida, al sancionar el Intendente Regional de Tarapacá a la ciudadana extranjera recurrente, con la expulsión del territorio nacional, no incurrió en ninguna ilegalidad, arbitrariedad o vulneración de garantías constitucionales por cuanto el acto administrativo impugnado emana de autoridad competente, por hechos que ameritaban la medida de expulsión del territorio nacional, como lo fue el ingreso de una ciudadana extranjera en forma clandestina, hecho constatado por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile. Rechazando la acción de amparo.
Por su parte, el máximo Tribunal revocó la sentencia apelada, indicando en síntesis que, el hecho de haber formulado la autoridad competente el correspondiente requerimiento en contra de la amparada para enseguida, desistirse de él, extinguiéndose consecuencialmente la acción penal hecha valer y luego decretar su expulsión del país mediante la Resolución N° 2652 de 17 de junio de 2019, requiere de una carga argumentativa superior a la meramente formal, como la expuesta en la decisión atacada, que se funda únicamente en las disposiciones legales y reglamentarias que cita, así como en la circunstancia no controvertida del intento de ingreso de la mencionada al territorio nacional, por un paso no habilitado. Indicó enseguida que, así las cosas, la resolución atacada, deviene en arbitraria por ausencia de fundamentos, motivo por el cual la presente acción constitucional será acogida.
Vea textos íntegros de las sentencias de la Corte Suprema en causa Rol Nº 23010-2019 y de la Corte de Apelaciones de Iquique en causa Rol Nº 117-2019.
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